Tres derivadas sociolaborales de la subida del SMI

*Doctor en Derecho del Trabajo por la Universidad Rey Juan Carlos y Profesor de Economía Laboral de la Universidad de Valencia

La última subida ... del SMI, aprobada en Consejo de Ministros del martes 11 de febrero de 2025, va a tener algunas implicaciones en el triángulo (des) amoroso del diálogo social: Gobierno, sindicatos y empresarios. Más allá de la discrepancia interna hecha pública en la propia rueda de prensa posterior a la reunión, una nueva subida del SMI trae como consecuencias implicaciones a diversos colectivos y actores, como es evidente. La realidad sociolaboral de nuestro país es ciertamente compleja y ya están surgiendo algunas voces que demandan un SMI ad hoc por territorio arguyendo cuestiones como el coste de la vida, la vivienda o las competencias en servicios públicos. Por lo pronto, el Boletín Oficial del Estado del miércoles 12 de febrero de 2025 pública, a propuesta del Ministerio de Trabajo y Economía Social, el Real Decreto 87/2025, de 11 de febrero, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2025. Dispone, después de un preámbulo de casi página y media, lo siguiente: «el salario mínimo para cualesquiera actividades en la agricultura, en la industria y en los servicios, sin distinción de sexo ni edad de los trabajadores, queda fijado en 39,47 euros/día o 1184 euros/mes, según el salario esté fijado por días o por meses.» A lo que apostilla, una nota explicativa publicada en la página web del Gobierno «SMI: ¿qué es, cuánto sube y a quién beneficia?» que el SMI para 2025 se sitúa en 16.576 euros anuales distribuidos en 14 pagas de 1.184 euros, con lo que acumula un incremento del 61% desde el año 2018. Unos 2,4 millones de trabajadores se beneficiarán de esta medida. La subida, en definitiva, supone un aumento de 50€ mensuales. Ahora, las tres derivadas para la realidad sociolaboral en España y sus principales actores: trabajadores, empresarios y Gobierno.En un primer término, el conjunto de trabajadores de nuestro país que percibe el SMI, de forma indiscutible, se va a ver beneficiado por un aumento de su renta del trabajo, es decir, un aumento neto de sus ingresos. Eso sí, no, por el momento, de los 50€ totales de subida debido a la obligación de tributar de esta nueva cuantía por lo que, la subida, en términos setos se quedará en unos 30€. Esos, aproximadamente, dos millones y medio de trabajadores españoles que, todavía a día de hoy, percibe una remuneración considerada como mínima, difícilmente, especialmente en algunos territorios, podrá tener unas condiciones y un nivel de vida medianamente digno. En cualquier caso, el problema en España, a mi juicio, no es tanto el SMI y su imposición por Decreto, sino, en general, las cuantías de los salarios medios que son, en comparación con nuestros colegas europeos, sustancialmente bajos. Ello se debe a un modelo productivo territorial basado en sectores con poco valor añadido, aunque ciertamente expansivos, con altos niveles de ocupación pero con tasas de temporalidad y estacionalidad notables, salarios bajos y escaso componente tecnológico o de innovación. El salario medio en España en los últimos años, según datos del Instituto Nacional de Estadística, se ha situado en 26.948,87€ brutos anuales. En consecuencia, las rentas medias y trabajadoras que sostienen, entre otros, el Estado del Bienestar están al límite. Apostemos, pues, por estrategias de movilización laboral basadas en la tecnología, la información, datos y, en definitiva, en la economía del conocimiento.En segunda posición, los empresarios, en suma, pequeños y medianos, son los que, a priori, se van a ver más perjudicados por la subida unilateral del SMI para este año 2025. La principal reivindicación de la CEOE era que la subida se llevase a cabo a través de la negociación colectiva teniendo en cuenta las singularidades y particularidades de los distintos sectores económicos y productivos y, también, de las realidades geográficas y territoriales diversas de nuestro país. Las empresas, o bien repercuten esta subida de los costes laborales en los precios de sus productos o, por el contrario, aminoran su producción por la imposibilidad de mantener las plantillas actuales y sus costes. La situación ideal y que, mayoritariamente, se va a dar entre las grandes empresas es que está subida, prácticamente, va a ser imperceptible. Sin embargo, para el gran tejido empresarial y productivo nacional que descansa sobre PYMES y autónomos, de nuevo, al igual que los trabajadores y las rentas medias, están al límite.La última derivada de esta medida, en el ámbito gubernamental, afecta de una forma directa a la recaudación del estado: la aumenta. La supresión de la exención de tributar del SMI va a conllevar una mayor recaudación para las arcas generales, tampoco en grandes cantidades, pero sí van a tener más recursos para financiar los servicios públicos o para aumentar el gasto público.Moraleja: el Gobierno aumenta por Decreto el SMI, lo sufragan los empresarios, los trabajadores más vulnerables perciben solo una parte y el Gobierno recauda el resto. Veremos si en los próximos meses el SMI sigue tributando o, por el contrario, no; en todo caso, los problemas del mercado laboral y de las rentas en España no responden a una coyuntura determinada, más bien los llevamos arrastrando décadas y lo determinan problemas estructurales. Que los árboles nos dejen ver el bosque.