Rodalies

Me espanté a la vista del acuerdo. Como tantos otros, pensé que España se rompe y que el troceo de una infraestructura nacional básica como son los ferrocarriles es una prueba evidente. Sin embargo, cuando me echo a la cara unas pocas búsquedas, caigo en la cuenta de que Rodalies ya existe, y que los trenes que vienen y van cada día ya llevan el logotipo de esa marca comercial: en tiempos del presidente Zapatero, ¡hace doce años!, las cesiones y pactos con Renfe Operadora permitieron que la Generalitat decida en materia de gestión, tarifas, atención al cliente y planificación de horarios.

¿Entonces, dónde está la novedad del histórico acuerdo que se ha alcanzado a cambio de los votos que Sánchez necesita? Pues en el traspaso definitivo: todo, desde la vía a la catenaria, trenes y conductores, todo, será propiedad y será gestionado por la Generalitat. Por primera vez, una red nacional básica, una infraestructura de cohesión, va a ser fragmentada. Con un cariñoso añadido: se perdonará un piquito de deuda catalana con Renfe -nada, apenas 132 millones- al tiempo que se garantiza una inversión en mantenimiento de 6.200 millones más, durante la próxima década.

Con muchas incidencias y no pocos sabotajes -más de 800 casos importantes en 2022- Rodalies mueve al año a unos 100 millones de viajeros, la mitad que las Cercanías de Madrid, que dan servicio a 205 millones. Si Isabel Diaz Ayuso no ha pedido el traspaso de la red madrileña, es natural que lo haga pronto. Con apenas 14 millones de viajeros al año, nuestras modestas Rodalies ya fueron objeto de una demanda del Ximo Puig menos centralista... que el presidente Sánchez ni siquiera oyó. Pero está en el ambiente, junto con el runrún lógico de que Carlos Mazón podría insistir en la idea.

Con todo, vamos a lo sustancial: España no se rompe; pero sus infraestructuras básicas sí lo van haciendo. Y eso, que es decididamente triste para quienes miran con sentido común, es inquietante si pensamos en los problemas prácticos que van a venir en el futuro. Sin contar con que el hipotético concepto de igualdad autonómica está en derribo.