Justicia lenta pero segura

Eduardo Zaplana, condenado ayer por la Audiencia provincial de Valencia a diez años de cárcel por los delitos de cohecho, falsedad y blanqueo de capitales, dejó la Presidencia de la Generalitat el 10 de julio de 2002 para asumir el cargo de ministro de Trabajo. ... Trece años después se inició la investigación del conocido como 'caso Erial', por el que ha sido juzgado, y que en 2018 llevó a su detención en una vivienda del centro de Valencia. Los hechos por los que se ha sentado en el banquillo y que finalmente pueden llevarlo a prisión se refieren a su etapa como jefe del Consell, así como al ocultamiento de la fortuna que habría amasado a partir de comisiones ilegales. Estamos hablando, por consiguiente, de sucesos que como mínimo tienen 22 años de antigüedad. Una circunstancia que por una parte puede resultar sorprendente pero que al mismo tiempo transmite el mensaje de que aunque sea con retraso, la Justicia es implacable. Y no atiende ni a siglas políticas ni a condiciones personales, por más que algunos traten de desacreditarla cuando el afectado es uno de su formación. Con escasos medios, tanto personales como técnicos, y con procedimientos garantistas que retrasan la instrucción de las causas y obstaculizan el desarrollo de los juicios, el Poder Judicial en España cumple con la función que tiene constitucionalmente encomendada. Y aunque las sentencias tarden en llegar, la sensación es que nadie queda al margen de la ley. Como debe ser. Si nos atenemos al relato del fallo, Eduardo Zaplana se valió de su cargo para enriquecerse de manera fraudulenta, como desvelaron algunos de sus más directos colaboradores durante el transcurso de un juicio en el que al grito de ¡sálvese quien pueda! fueron pactando con la Fiscalía y confesando la trama delictiva que hizo de adjudicaciones y privatizaciones de servicios públicos un negocio millonario para los bolsillos de unos cuantos dirigentes, encabezados por el entonces presidente de la Generalitat. No se juzgaba ni una etapa, ni un partido. No estaba en juego el buen nombre de la Comunitat Valenciana, que no puede verse manchado por un grupito de delincuentes. Se juzgaba a unas personas con nombres y apellidos. Y entre ellas, especialmente una, Eduarzo Zaplana, todopoderoso entonces, referente del PP, barón regional elevado al rango de ministro. Y hoy, aunque sea tantos años después, reducido a un simple y vulgar condenado por varios y graves delitos.