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Vamos a pasar por alto que el número de apartamentos turísticos ofrecidos en las plataformas informáticas supera con creces el de los oficialmente registrados. Vamos a quedarnos con la cifra de regularizados, que son, en la Comunidad Valenciana, unos 60.000. Y vamos a dividirlos ... por el número de inspectores que la Generalitat tiene para esa tarea, que son once. Veremos enseguida que cada inspector tiene asignados unos 5.454 pisos y que, trabajando 300 días al año, esos inspectores deberían visitar cada día 18 clientes para que todos los apartamentos puedan ser inspeccionados una vez al año.
No hay ni para empezar. No hay manos, no hay fuerza humana que supervise el proceso de alquiler en todos los interesantes y lógicos detalles que marca el decreto que la Generalitat Valenciana ha aprobado con su mejor buena voluntad. Dos de sus principales exigencias, que el alquiler tiene que ser para menos de diez días, nunca once, y que se debe de alquilar la pieza entera y nunca por habitaciones, se me antojan imposibles de verificar si no media una inspección de grandes dimensiones que, en la práctica, no es factible poner a trabajar.
No soy nada optimista en lo que se refiere a un fenómeno grandioso que, existiendo con anterioridad, creció de manera exponencial tras la pandemia y pilló desprevenido al gobierno del Botánico y sus ayuntamientos. Se me antoja que ese moderno fenómeno, el alquiler masivo de casas para turismo a través de plataformas digitales, es imposible de abarcar sin contar con la colaboración de la herramienta matriz. Y que los ayuntamientos, que ahora empiezan a pensar si quieren asumir y pedir a la Generalitat esa potestad de inspección, sanción e hipotética cobranza que aún no tienen, se van a meter en un jardín, tan necesario como difícil de abarcar, que no hará otra cosa que aumentar burocracia y maraña administrativa.
Sin duda es el Estado, o mejor la Unión Europea, la que debería haber tomado el asunto de los alquileres informáticos de frente hace bastantes años. Porque, aunque los apartamentos llamados legales se registren, controlen y paguen sus impuestos, la clave, para mí, está en una plataforma propiciatoria, con sede en San Francisco, que tiene 5.600 empleados, factura 8.400 millones de dólares al año, reúne beneficios de 1.900 millones por ejercicio y tributa lo que tributa... en Irlanda. Hagámonos solo una pregunta: ¿Por qué la viejísima hostelería convencional es reconocible, detectable y controlable, con representantes conocidos en instituciones y Cámaras de Comercio, y ese ámbito de los negocios hosteleros a través de plataforma se sostiene, intangible, entre misterios?
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