Mucho favor es este

Después de muchas intentonas el Ayuntamiento de Valencia ratificó ayer la suspensión de licencias que impedirá la construcción de una residencia de estudiantes en la calle de la Guatla y pasó lo que tenía que pasar. Que la empresa afectada por esta resolución anunció que ... recurrirá ante los tribunales. Normal. Es lo que suele ocurrir cuando las decisiones oficiales son susceptibles de ser calificadas de arbitrarias. Y ésta lo es. El consistorio acordó paralizar esta cuantiosa inversión -60 millones de euros- por razones extralegales -presión vecinal- y a sabiendas de que la razón legal está de parte del solicitante. Malo, pues. Al consistorio de Barberá se fue la mano en la permuta de Tabacalera ahora anulada y Joan Ribó no dudó en calificarla de pelotazo cuando Guadalmedina cifró la indemnización en 37 millones. Calderilla comparado con el dineral que Metrovacesa podría reclamarle a él por el potreo al que la sometió en Benimaclet por tres cuartos de lo mismo. Una responsabilidad que en el caso de la residencia está más repartida. No sólo porque la promotora deslizó que fue MªJ Catalá quien arrastró a Compromís y al PSPV a oponerse al proyecto para quedar bien con una amiga, sino porque la alcaldada se sancionó por unanimidad. Maldita la falta que hacía que Fernando Giner sugiriera en noviembre que a este despeñadero, a suscribir la moción del PP que rebajaba y trasladaba la edificabilidad, «deberíamos ir todos de la mano». Ribó empeñó su palabra en 2023: «Haré lo imposible para que no se haga». Y Catalá, al igual que hizo con ocasión de la paralización del centro de menores de Benimàmet, confirmó la suya en febrero de este año al recordarles a los vecinos que «como alcaldesa, pero también cuando no lo era y cuando ya no lo sea, estoy en contra de la macrorresidencia» (sic). ¿Era preciso, no ya imitar al Rajoy de «es el alcalde el que quiere que sean los vecinos...», sino endosar directamente a pérdidas este expediente? Opino sinceramente que no. Que en una ciudad cuyos patios de manzana están llenos de hospitales (Consuelo), colegios (Sto. Tomás), aparcamientos, talleres, pinzas y calcetines, el ayuntamiento estaba obligado a buscar una solución. Un arreglo que con que pareciera salomónico bastaría porque los residentes no ponen nada en el envite y la corporación está obligada a velar por el interés general. Toda vez que estamos hablando de una indemnización de 30 millones. Ahora que en el pecado llevarán la penitencia. Los favores son como el recuerdo de voto: se olvidan pronto. Y si no que se lo pregunten al concejal Carlos Mundina. Recibió a los instigadores de este contradiós y, no se lo creerán: se le quejaron de «la suciedad, malas hierbas y residuos que hay en aquellos solares».