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Salomé Pradas y Emilio Argüeso declararon este pasado viernes como investigados por la gestión de la dana. Uno y otro vinieron a descargar en los ... técnicos la responsabilidad de las decisiones adoptadas en el Cecopi para hacer frente a la emergencia aquel fatídico 29 de octubre, y exculparon a Mazón. La jueza tomará las decisiones que considere oportunas al respecto. Las que no se tomaron, ni la titular de Catarroja que instruye la causa, ni tampoco responsable alguno de la Ciudad de la Justicia, fueron las mínimas medidas de seguridad para proteger, en este caso a los investigados -pero lo mismo habría sido que fueran testigos-, del hostigamiento de las cámaras de televisión a su llegada para prestar declaración. Decenas de cámaras, otros tantos periodistas con sus micrófonos en busca de una declaración, de un sonido, encimando a Pradas, primero y a Argüeso, después. Sin dejarles apenas sitio para caminar, acorralando a uno y otro en un marcado ambiente de acoso, casi de cacería hacia quienes en su día ocupaban las más altas responsabilidades políticas en el ámbito de la gestión de las emergencias. Resulta inaudito que así como en otras instancias judiciales, el Tribunal Supremo o los juzgados de Plaza Castilla en Madrid, sin ir más lejos, se habilitan espacios para que los medios de comunicación tomen imágenes -con la excepción del escandaloso blindaje de la declaración de la mujer de Pedro Sánchez-, en la Ciudad de la Justicia de Valencia no se adopten decisiones similares, sean competencia de la conselleria del ramo o de la delegación del Gobierno. Como si someterlos al férreo marcaje de los programas de televisión -lo que toda la vida se ha denominado como 'la pena del telediario'- repitiendo imágenes y sobreimpresionando frases o ideas, no fuera castigo suficiente. Que Pradas, o Argüeso, o Francis Puig o Mónica Oltra si fuera el caso, no puedan acudir con tranquilidad a prestar declaración ante un tribunal constituye no sólo una inacción flagrante por parte de quienes deberían de garantizarla, sino que además pueden poner en riesgo una declaración prestada indiscutiblemente bajo presión.
Porque una cosa es que las asociaciones de víctimas expresen de la forma que consideren oportuno su dolor o su indignación. Se han celebrado ya más de media docena de manifestaciones para pedir la dimisión de Carlos Mazón y se ha anunciado ya alguna otra. Y tanto ellos, o cualesquiera otros ciudadanos indignados con lo sucedido están en su derecho de acudir a la puerta de la Ciudad de la Justicia a expresar su malestar. ¿Pero no dejar caminar? ¿Avasallar? ¿Acosar? El atosigamiento que han mostrado las imágenes de este viernes debería conducir a una reflexión. El derecho a la libre circulación de las personas no se debería de ver coartado, ya no por el interés informativo, sino tampoco porque desde algunos ámbitos se pretenda esa especie de ajusticiamiento paralelo, en el que las imágenes poco menos que sentencien la culpabilidad de alguien. Los escarmientos públicos no deberían de ser sustitutos ni complementarios de las sentencias judiciales. Pradas puede haber demostrado escasas habilidades para defender su gestión el 29 de octubre. Y Argüeso no tener el perfil adecuado para ocupar una responsabilidad como la que ejercía en aquel trágico episodio. Pero los tribunales deben de garantizar que puedan prestar declaración en condiciones razonables. La contribución periodística a la cacería de los cargos políticos de uno y otro lado viene muy bien a los partidos beneficiados, pero dice poco en favor del objetivo de informar.
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