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La cacería

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Los escarmientos públicos no deberían de ser sustitutos ni complementarios de las sentencias judiciales. Los espectáculos casan mal con el rigor de una investigación

JC. Ferriol Moya

Valencia

Domingo, 13 de abril 2025, 00:27

Salomé Pradas y Emilio Argüeso declararon este pasado viernes como investigados por la gestión de la dana. Uno y otro vinieron a descargar en los ... técnicos la responsabilidad de las decisiones adoptadas en el Cecopi para hacer frente a la emergencia aquel fatídico 29 de octubre, y exculparon a Mazón. La jueza tomará las decisiones que considere oportunas al respecto. Las que no se tomaron, ni la titular de Catarroja que instruye la causa, ni tampoco responsable alguno de la Ciudad de la Justicia, fueron las mínimas medidas de seguridad para proteger, en este caso a los investigados -pero lo mismo habría sido que fueran testigos-, del hostigamiento de las cámaras de televisión a su llegada para prestar declaración. Decenas de cámaras, otros tantos periodistas con sus micrófonos en busca de una declaración, de un sonido, encimando a Pradas, primero y a Argüeso, después. Sin dejarles apenas sitio para caminar, acorralando a uno y otro en un marcado ambiente de acoso, casi de cacería hacia quienes en su día ocupaban las más altas responsabilidades políticas en el ámbito de la gestión de las emergencias. Resulta inaudito que así como en otras instancias judiciales, el Tribunal Supremo o los juzgados de Plaza Castilla en Madrid, sin ir más lejos, se habilitan espacios para que los medios de comunicación tomen imágenes -con la excepción del escandaloso blindaje de la declaración de la mujer de Pedro Sánchez-, en la Ciudad de la Justicia de Valencia no se adopten decisiones similares, sean competencia de la conselleria del ramo o de la delegación del Gobierno. Como si someterlos al férreo marcaje de los programas de televisión -lo que toda la vida se ha denominado como 'la pena del telediario'- repitiendo imágenes y sobreimpresionando frases o ideas, no fuera castigo suficiente. Que Pradas, o Argüeso, o Francis Puig o Mónica Oltra si fuera el caso, no puedan acudir con tranquilidad a prestar declaración ante un tribunal constituye no sólo una inacción flagrante por parte de quienes deberían de garantizarla, sino que además pueden poner en riesgo una declaración prestada indiscutiblemente bajo presión.

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