Paco Camps

La Fiscalía Anticorrupción ha decidido rebajar, de dos años y medio a un solo año de prisión la pena que solicita para Paco Camps por las supuestas irregularidades cometidas durante su etapa como president de la Generalitat en la contratación de las empresas de la ... conocida como trama Gürtel. A la petición se han sumado los socialistas valencianos, que en su día llegaron a pedir nueve años de cárcel para el exlíder del PP valenciano. Ahora es sólo un año. Un año de cárcel no es poco, duda cabe. Pero en realidad lo que está haciendo Anticorrupción es poco menos que evitar el ridículo de reconocer que, quince años después, nada de nada. En realidad, sí que ha habido algo. Ha habido una pena de telediario que se ha prolongado durante década y media, ha habido decenas y decenas de titulares en la prensa que daban por sentada la culpabilidad del expresidente. Ha habido una condena civil, ha habido escraches, ha habido farmacia por arriba y por abajo, hijos -ahora personas adultas- acosados por la calle o en sus institutos. A Camps se le ha deseado la muerte civil, se le ha humillado y se ha arruinado su imagen. Salga o no condenado de la Audiencia Nacional -que lleva camino de que no-, la rebaja de pena de Anticorrupción suena mucho a 'no hemos encontrado nada, pero después de todo lo que hemos montado no podemos reconocer nuestro fracaso'. Camps, imagino, tendrá en su cabeza una larga lista de nombres de los que probablemente se acuerde si, finalmente, sale también indemne de esta décima causa judicial a la que se enfrenta. Décima causa, se dice pronto, después de nueve archivos de otros tantos intento de condenarle. Quince años desde que estallara Gürtel, desde que medio país se dedicara a escudriñar en su ropero por el corte, clásico o moderno, de sus trajes. Un poco menos de tiempo desde que aquella vicepresidenta del Gobierno, Teresa Fernández de la Vega, hoy en el Consejo de Estado, anunciara desde un país sudamericano que la fiscalía recurriría el fallo de la causa de los trajes. Camps se acordará también de aquellos cuatro diputados que se retrataron en la puerta del TSJ para registrar la correspondiente denuncia contra el president. Ximo Puig, aunque con gesto torcido, era uno de ellos. Probablemente también de las múltiples camisetas de una exvicepresidenta del Consell, elevada a los altares electorales también por su campaña de acoso contra el dirigente popular. Oltra vive ahora su propia pena del telediario, aunque con intensidad poco comparable con la del exlíder popular. Camps recordará probablemente todas las crónicas ácidas sobre su persona, todas las risas con sus fráses más o menos afortunadas, o con sus reportajes fotográficos innecesarios. Toda esa labor de desgaste público que hace que resulte milagroso que no haya perdido completamente la cabeza. La Fiscalía pide un año de cárcel, porque menos que eso sería directamente el esperpento. Una amonestación, un 'ríñanle, por malo'. Camps tuvo que dimitir y la legislatura 2011-2015 se conviertió en el infierno de los gobiernos populares. Un auténtico regalo para que la izquierda recuperara el poder en las urnas. Puig y Oltra vivieron dos legislaturas de azotar a Camps, de la hipoteca reputacional. Cuando se ha acabado eso, se ha acabado el Botánico. La Fiscalía pide un año de cárcel. Y Vicente Torres, el que fuera todopoderoso Fiscal Anticorrupción, el ahora magistrado del TSJ, reflexionará o no respecto a su papel en todas las causas por las que se acusó a Camps y de las que, a falta de esta última, viene saliendo indemne. Papelón es poco.