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Los números, por muy irrebatibles que son, pueden presentar aspectos diferentes según cómo se justifiquen o maquillen. Pero la evidencia suele ser tozuda y en ... asuntos de caja todavía más. En contabilidad rige una máxima; no se puede gastar más de lo que se tiene. Creerse el cuento de la lechera solo conduce al desastre. Algo que en la economía de una familia puede hasta entenderse, pero que en la gestión política es absolutamente irresponsable. Puede no ser delito (o sí, que ya se verá) pero es condenable. Se despedía el Botànic hace solo ocho meses y el conseller de Hacienda Arcadi España (hoy metido a hater ministerial en redes) presumía de gestión al no dejar «ninguna factura en el cajón», con cuentas «equilibradas y transparentes» y donde destacaba el haber reducido «el crecimiento de la deuda». Que no es lo mismo que decir que se ha reducido la deuda, ojo. La misma trampa léxica cuando se presume de haber dejado un «récord de gasto social» con un incremento del 36,34% desde 2015, lo que supone un pírrico 4% de incremento cada año de gobierno. Y ahora sabemos, sin grandes titulares ni propagandas y negro sobre blanco, que los gobiernos tripartitos de izquierdas gastaron a manos llenas, elaborando presupuestos ficticios (como la fabula de Samaniego) por causa de una infrafinanciación autonómica -que otro gobierno de izquierdas no ha querido solucionar- y que las alertas que iban lanzando desde la Intervención y la Sindicatura de Comptes eran mucho más que fundadas. El Banco de España termina de certificar que el gobierno del Botànic presidido por Ximo Puig deja una deuda 57.993 millones, un 38,3 % más que cuando llegó. Estamos más endeudados que los madrileños, vascos, cántabros y andaluces. O dicho de otra manera; el total de la deuda representa casi el doble del presupuesto de la Generalitat para todo un año. Claro ejemplo de la política de «el que venga detrás que arree y yo a lo mío». ¿Y qué es lo suyo? Pues habrá que ver qué dictamina la auditoría encargada por el Consell de Mazón para todo el sector público, pero de entrada va siendo muy preocupante lo que se sabe: que hay un conglomerado de empresas, organismos y fundaciones que sirvió para hacer 4.000 contrataciones de personal, que se han destinado 713 millones de euros en 253.122 contratos adjudicados a dedo y que se han detectado 1.700 millones de euros en facturas sin cobertura presupuestaria. Así que en vista de la herencia envenenada que deja la gestión botánica, condenando a los valencianos a hacer frente durante años a un volumen de gastos financieros desorbitados, igual el portavoz del PSPV José Muñoz haría mejor en no emplear ese tono cizañero hablando de la cueva de Alí Babá de otros gobiernos. Por prudencia, más que nada.
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