El mes de agosto ha sido movido en la educación valenciana, atípicamente agitado teniendo en cuenta que los centros escolares están cerrados. El lío de las adjudicaciones, que han llegado con mayor retraso que en años precedentes, es lo que ha provocado tanto trajín educativo ... en un mes sosegado de ordinario. Hay que reconocer que no es para menos, más allá de buscar culpables. Miles de profesores que en el mejor de los casos apenas tienen unos días para reorganizar su vida antes de entrar el día uno a su nuevo puesto de trabajo. En el peor, reclamaciones y errores donde se juegan su empleo. Por tanto, es normal que una situación que afecta a más de 20.000 profesionales genere confusión y nervios. No obstante, también demuestra cómo la opinión organizada impone su agenda, con sindicatos y partidos recién en la oposición, a pesar de que hace unos días organizar esas bolsas era su tarea, hayan usado el tema como diana.
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En contraste, no aparece tal ahínco en recoger la perspectiva de la ciudadanía, de las familias de a pie, demostrando que son más coherentes y efectivos los sindicatos con sus representados que los partidos políticos. Quizás por eso en educación se habla más de los profesores que de los niños y familias. Por lo mismo, tal vez, también aumentan los profesores y disminuyen los niños y las familias. Seremos la última autonomía -junto con otras- en comenzar las clases. Siguiendo la perspectiva docente, si bien con las adjudicaciones estos docentes tendrán menos días para organizar su incorporación, tendrán más días para preparar el inicio de curso que el de otras autonomías.
Lo de la fecha de inicio de curso es un hándicap para las familias, pero quien antes empieza, antes acaba, porque los días lectivos totales vienen a ser los mismos en todas partes. Más escandaloso, aunque no haya escándalo, es la reducción de las horas lectivas en la ESO que provoca el último varapalo judicial que recibió la Conselleria del Botánico. Recordemos, la última sentencia del TSJ anuló la obligatoriedad de la asignatura de Proyecto Interdisciplinario, de tal forma que los estudiantes de los tres primeros cursos de la ESO tendrán dos horas lectivas semanales menos. No hubo escándalo. Primero, porque la conselleria mantuvo los recursos, es decir, las horas del profesorado que iba a cubrir esas clases aunque ya no tengan que darse. Segundo, por lo señalado antes: quién defiende los intereses de niños y familias.
Es decir, que un estudiante de la ESO valenciana tendrá 27 horas lectivas semanales, lo que antes de la Lomloe y su aplicación 'botánica' eran 30 horas. De manera sencilla, nuestros escolares de primero de la ESO, por ejemplo, pierden el 10% de sus clases. Dos horas por la sentencia y una hora si no dan Religión porque ya no hay alternativa. Y esto no escandaliza a nadie.
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El diez por ciento de las clases, tres horas cada una de las 37 semanas del curso, dos tercios de mes que no se impartirán hacen un derecho a la educación más pequeñito, que pierde lascas de aprendizaje con cada ley. Lo que se pretendía recuperar en cursos anteriores (la carga horaria de cada asignatura va por etapa) desaparece con esta sentencia que de un plumazo hace desaparecer una. Ya digo, los centros mantienen los recursos pero los alumnos pierden horas de clase.
Durante este agosto ajetreado no se ha aportado alguna solución a esta pérdida horaria y con ella pasará el curso el alumnado. Está claro que no veremos a chavales de doce años protestando porque les faltan clases, y los adultos organizados tampoco parecen tener interés en ello.
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