Servicio público

Todo es mejorable, y mucho más si se trata de prevenir una muerte laboral, y sobre todo lo es, como yo mismo ahora aporreando las teclas, desde el indemostrable acierto del «qué hubiera hecho yo en lugar de lo que se hizo». Vale por mil opiniones de hoy, por cien mil análisis de la última semana, la prevención de la UV de cerrar las aulas aquel día. A toro pasado, todos sabios.

Una de las decisiones polémicas durante la pandemia fue la vuelta temprana a las aulas en las primeras fases de la desescalada tras el confinamiento. Aquellos liantes protocolos de cuántos contagios conllevaban cerrar la clase y cuántos cerrar el colegio, y cómo cada hora de la tarde podía llegar a las familias un comunicado del colegio contradictorio con el anterior. Lo dije entonces y lo reafirmo: el profesorado fue de los primeros empleados públicos en volver presencialmente a su trabajo, cuando incluso los ambulatorios -siendo una crisis sanitaria- solo atendían por teléfono o cita previa.

Con el tiempo, aquella premura política -porque fue una decisión gubernamental y contracorriente- fue referente para otras autonomías, aplaudida por buena parte de la ciudadanía y un caso de buena práctica internacional. Hubo países que mantuvieron cerradas las aulas prácticamente dos cursos, y el último Informe PISA ya nos ha indicado lo negativo que fue el confinamiento para el aprendizaje. Hago el símil porque la vuelta a las aulas es una prioridad en la reconstrucción -ya sé que no es la única-. La escuela no es un simple espacio, sino es el templo de un derecho fundamental que es el de la educación. De manera secundaria, es una necesidad de respiro para las familias, porque atender a los más pequeños durante el horario lectivo dificulta llevar a cabo las numerosas tareas y trámites que los adultos afectados tienen por delante.

Que la desgracia del domingo pillara a los empleados de Tragsa, una empresa pública, y a miembros de la UME es sintomático, por la flexibilidad laboral de una y el sentido del deber de los otros. De hecho las críticas escuchadas durante la manifestación de la Plataforma en Defensa de la Escuela Pública es lo que menos entiendo de esta crisis: la personalización tan exclusiva de la responsabilidad -o la culpa, como quieran- en los políticos. La tienen, claro, de manera grave, pero ¿de verdad toda nuestra Administración depende de que el presidente autonómico llegue de una comida? ¿Cómo es posible que llegaran antes al socorro los voluntarios que todos los recursos del Estado?

Debe de haber, o deberíamos encontrar al menos, un punto intermedio entre el cesarismo de esperar al presidente y el populista «pueblo salva al pueblo», que no es otro que el carácter de servicio público de la Administración. Es en las crisis cuando se justifican los organismos, servicios extraordinarios y complementos que tanto extrañan en épocas de tranquilidad. Que el sistema educativo active sus recursos y plantillas para avanzar la reapertura es lo esperable.

Desmonta toda nuestra estructura política si el autogobierno se traduce en descoordinación y los servicios públicos se ralentizan en cuanto hay una crisis. Deja de haber servicio o deja de ser público.