A los diez días de la tragedia de la dana escribí un artículo que titulé 'No son asesinos pero sí son responsables políticos', en el ... que establecía, tanto para Carlos Mazón como para Pedro Sánchez, la diferencia entre la responsabilidad política y la penal. El dirigente que en el ejercicio de su cargo comete un delito queda incapacitado políticamente. Pero a la inversa no existen vasos comunicantes. Es decir, que a un presidente, un ministro, un conseller o cualquier otro alto cargo de la Administración se le puedan exigir responsabilidades políticas por su gestión de un determinado asunto no implica necesariamente que haya que sentarlo en el banquillo de los acusados y que se le pueda achacar la culpa de una desgracia. Con cada catástrofe que ha ocurrido en España -o relacionada con España- en los últimos veinte años, la izquierda ha tratado de rentabilizarla, de sacar partido. El accidente del Yak-42 en Turquía, los atentados del 11-M, el hundimiento del 'Prestige', el accidente del metro de Valencia, la pandemia del Covid en las residencias madrileñas (ojo, sólo en las madrileñas, en el resto se ve que no murió nadie) y ahora la dana en la provincia de Valencia (ojo -segundo ojo-, sólo en la provincia de Valencia, no la que dejó siete muertos en Castilla-La Mancha, seis de ellos en Letur). Una actitud que la vicepresidenta del Consell, Susana Camarero, calificó de «ruín» en su intervención del martes en el Club de Encuentro Manuel Broseta. Donde insistió en tres ejes argumentales (prevención, previsión e información) por los que, a su juicio, no se puede acusar al Consell del desastre del 29-O. Prevención, porque el Gobierno central no ha hecho las obras de encauzamiento del barranco del Poyo ni tenía buenos sistemas de alerta ante riadas; previsión, porque los partes meteorológicos de la Aemet no acertaron ni de lejos con la lluvia que iba a caer ese día; e información, porque en la Confederación Hidrográfica del Júcar se produjo el la ya famoso «apagón informativo» de cerca de dos horas en el momento más crítico. Pero aunque esta versión de lo que ocurrió pueda ser asumida en todo o en parte, no quita ni un ápice de responsabilidad política -insisto, política- a quien no estaba donde tenía que estar y que a estas alturas aún no ha aclarado su propio «apagón de mando». El auto de la jueza de Catarroja complica el panorama judicial de Mazón. Mucho más, claro, el de Pradas y Argüeso. Pero con independencia del recorrido judicial que tenga la actuación del president en ese día, su responsabilidad política es más que evidente. La suya y la de Pedro Sánchez.
Suscríbete a Las Provincias: 3 meses por 1€
¿Ya eres suscriptor? Inicia sesión
Te puede interesar
Publicidad
Utilizamos “cookies” propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarle publicidad, contenidos y servicios personalizados a través del análisis de su navegación.
Si continúa navegando acepta su uso. ¿Permites el uso de tus datos privados de navegación en este sitio web?. Más información y cambio de configuración.