Un pacto por la Albufera

La malhadada polarización lo impregna todo. Como un chapapote pegajoso se adhiere a cualquier debate público y se cuela aprovechando el mínimo resquicio para acabar intoxicando no sólo la política sino prácticamente todos los ámbitos profesionales, económicos o culturales en los que las posiciones enfrentadas se contagian del enfrentamiento sin matices que caracteriza a las sesiones parlamentarias. Hasta algo en teoría tan inocuo como debería ser el festival de Eurovisión ha degenerado este año en una suerte de Eurocámara, con amenazas de vetos y una politización completamente ajena al espíritu del certamen. Podría afirmarse sin exageración que en su afán por controlar todo aquello que pueda interesar a una sociedad del siglo XXI, los representantes políticos han trasladado la guerra sin cuartel entre los partidos a todos los espacios ciudadanos. Los consensos, que en otros tiempo fueron posibles y que dieron lugar a logros tan resaltables como la Constitución del 78, los Pactos de la Moncloa, los estatutos de autonomía o la lucha contra el terrorismo etarra, parecen hoy una utopía inalcanzable. Las leyes educativas se suceden con cada cambio de Gobierno porque los nuevos inquilinos de la Moncloa y del Ministerio de Educación quieren dejar huella de su impronta en la enseñanza, sin aspirar a un acuerdo con los rivales de la oposición. La política exterior cambia de orientación como las velas de un barco, según soplen los vientos ideológicos. La renovación del Consejo General del Poder Judicial es imposible porque los dos grandes partidos no se ponen de acuerdo. La lista de desencuentros sería interminable y vendría a demostrar el delicado momento por el que atraviesa la política española, y con ella la democracia.

Pero debería haber cuestiones que quedaran al margen de esta crispación que a la inmensa mayoría de los ciudadanos resulta insufrible. La protección de espacios naturales que son unánimemente considerados un patrimonio colectivo de incalculable valor es una de ellas. El parque natural de la Albufera pertenece a esta categoría de espacios que atesoran unas condiciones únicas pero que, al mismo tiempo, se ven amenazados por diversos agentes. El principal, la falta de agua. Y a continuación, todos los relacionados con su peculiar enclave, a pocos kilómetros de una ciudad con 800.000 habitantes y rodeado por poblaciones, urbanizaciones, industrias y actividades de todo tipo que entorpecen el equilibrio de un hábitat privilegiado. El parque natural de la Albufera, que incluye la Dehesa de El Saler, esquivó en los años finales del franquismo proyectos que hubieran puesto en peligro la propia vida del humedal. Y llegó a parar a tiempo -gracias a la contestación ciudadana liderada por LAS PROVINCIAS- la macrourbanización que pretendía transformarlo todo en un emporio turístico. La declaración como parque natural ya supuso un extraordinario avance para su protección y no hay que dejar de destacar obras en cauces, colectores y depuradoras que han venido a asegurar la supervivencia del lago. Pero a pesar de lo que se ha avanzado, queda mucho por hacer. Inversiones prometidas desde hace años, décadas en algunos casos, y cuya ejecución se aplaza y se alarga indefinidamente. Es la hora de decir basta, de pasar de las palabras a los hechos. Los discursos sobre el cambio climático y sus efectos en el ser humano se quedan huecos si no van acompañados de acciones concretas en espacios en grave riesgo. La Albufera exige el consenso político de todas las administraciones competentes y no más enfrentamientos, como el protagonizado ayer mismo por el presidente Mazón y la ministra Morant. Nuestro patrimonio común no puede esperar más.