La juez retira la investigación a Martínez por el contrato de gestión deportiva

La magistrada Jessica Joaquina Hurtado ha archivado la causa del contrato para la gestión por parte de un conserje del polideportivo de las urbanizaciones de San Fulgencio contra la anterior alcaldesa, la socialista Trinidad Martínez, en la temporada 2010-11, quien se desprende de sus imputaciones. Se trata de una investigación que lleva a cabo el juzgado de Instrucción Número 1 de Orihuela donde se mantienen las investigaciones por presunta prevaricación y posibles delitos de comisión de fraudes por parte del actual primer edil, Carlos Ramírez y del gestor de la empresa Servicios Deportivos SC, José Antonio Martínez.

La denuncia la interpuso la exalcaldesa, expulsada del PSOE, y el actual concejal independiente Mariano Martí, condenado a varios años de inhabilitación para ejercer cargo público en una sentencia que todavía no ha cumplido. La investigación la tramitó en primera instancia la Guardia Civil que tomó declaración a todos los agentes que influyeron en la privatización del mantenimiento de las instalaciones deportivas, justo en el cambio de gobierno en la pasada legislatura del 2011 al 2015.

Martínez asegura que hizo una licitación pública «para llevar las escuelas deportivas en la temporada 2010-11 y cuando inauguramos las obras del polideportivo de la urbanización se le pidió a la empresa que contratase a una persona hasta final de legislatura». La exregidora afirma que «no se reflejó este contrato menor en ninguna parte, pero se pagaron 4.800 euros». Por ello asevera que el fiscal pidió que se le apartara de la causa, demanda que se ha cumplido.

Por su parte, el alcalde, Carlos Ramírez, valoró que «voy a ir contra el fiscal porque miente en la acusación», y apuntó que le acusan de «despedir de manera inmediata a la persona que había como conserje cuando se renueva su contrato catorce meses después de entrar en el Ayuntamiento». El mandatario popular insiste en que no tenía constancia de este contrato hasta más de un año después de entrar a dirigir la administración municipal.

El máximo responsable del Consistorio aseguró que el contrato del bedel se realizó mediante la firma del exconcejal de Deportes sobre un presupuesto junto a la rubrica de Martínez. Así las cosas Ramírez considera que «el delito solo está cuando se contrata a una persona que era del Partido Popular porque antes, cuando no había ningún tipo de contrato durante diecisiete meses no pasaba nada».

Por su parte la juez mantiene la tesis del Ministerio Fiscal el cual sostiene en el auto que se dio «un supuesto de adjudicación directa, vulnerándose las disposiciones legales, administrativas y de contratación, existiendo un concierto con este particular que ocasionó una importante defraudación al Ayuntamiento, al quedase dicha empresa directamente con mil euros de las cantidades que el Ayuntamiento abonaba por servicios de conserjería».