El Consistorio impulsa otro plan urbano tras la anulación definitiva del PGOU

El planeamiento urbano es la prioridad absoluta en la agenda de trabajo municipal. La anulación del anterior Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de San Miguel de Salinas obliga al equipo de gobierno a sacar a concurso un nuevo ordenamiento para el que necesitan fondos. No obstante, desde el Consistorio sanmiguelero se tiene claro que este esfuerzo económico se va a cargar a la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, que fue quien apadrinó el anterior estudio del suelo que fue anulado.

Para sacar un nuevo informe previo se necesitan 200.000 euros que se reservarán en el presupuesto del 2017 aunque el concejal de Urbanismo, Sergio Correas, advierte que «no solamente es el presupuesto sino que hay que contar las miles de horas que los funcionarios públicos han dedicado durante más de quince años a que el anterior plan urbanístico saliese adelante».

Ahora el gobierno bipartito del PP y UPyD tiene por delante cuatro meses para negociar la hoja de ruta con otros partidos políticos y con los colectivos vecinales para que el futuro ordenamiento no se vuelva a paralizar en los juzgados. El gobierno valenciano de Francisco Camps aprobó el PGOU pero una asociación vecinal recurrió en los juzgados este documento por considerar que se encontraba sobredimensionado al prever 40.000 casas. La anteriormente llamada Conselleria de Urbanismo aprobó en el 2008 de manera definitiva el Plan General de Ordenación Urbana tras varios años de correcciones. El edil del área recordó que la anulación vino propiciada por «una denuncia de una asociación vecinal que no quiere que este municipio crezca de ninguna de las maneras».

La Asociación de Vecinos San Miguel Arcángel luchó tanto en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en 2013 como en el Supremo para que el proyecto no se aplicase. El colectivo ahora solicita «un plan de urbanismo que no se ciña la especulación inmobiliaria y cuente con la participación de todos los sectores afectados».

El gobierno sanmiguelero espera citar en los próximos meses de octubre y noviembre a la oposición «para acordar una postura conjunta del planeamiento que siente las bases de hacia dónde debe ir el municipio». Con esta mesa de debate se espera cerrar cualquier nueva impugnación por parte de los grupos políticos. El futuro documento contará con los planes parciales construidos así como con la necesitada ampliación del polígono industrial.

Ahora tras la decisión judicial el área de Urbanismo se rige por las normas subsidiarias de 1987 y solo un promotor ha solicitado la devolución de las tasas que había pagado para construir nuevas parcelas fijadas como urbanizables en el anterior planeamiento. Otra cuestión distinta es que algún dueño de terrenos se haya visto afectado y pida una reclamación patrimonial. En este caso «vamos a hacer responsable a la Conselleria porque fue quién tuteló todo el proceso», dijo el responsable municipal.

Plan de Los Invernaderos

Por otra parte, el concejal de Urbanismo informó que se han avanzado las negociaciones con Iberdrola para sacar adelante una serie de obras de mejora en el plan parcial de Los Invernaderos. El Consistorio ejecutó el aval de este sector ya que el agente urbanizador dejó a medias el proyecto. «Vamos a gastar el millón y medio de euros del aval en reparar diferentes aspectos que están pendientes en Los Invernaderos», señaló el edil que espera dar carpetazo pronto a un proyecto que ha quedado en el letargo casi una década.