La Audiencia juzga hoy al exconcejal Cartagena por el 'cambiazo' del agua

La Audiencia Provincial en su sede de Elche es el escenario hoy y el jueves que viene del juicio contra el exconcejal socialista José Manuel Cartagena y el empresario Antonio García Casas por el conocido como el caso del 'cambiazo' del agua, hechos que se remontan al 2010 siendo alcaldesa Leticia Bas, que fue quien los denunció y cuyas diligencias fueron abiertas por el juzgado de Instrucción Número 3 de Orihuela.

Ambos se enfrentan a los delitos de presunta falsificación documental y de tráfico de influencias en lo que fue el proceso de adjudicación del servicio de agua potable y se les acusó de haber cometido una posible manipulación en la oferta de la mercantil que al final era la ganadora del servicio, Facsa, para que al final la de otra en liza, Bluesa, pudiese hacerse cargo del contrato.

En concreto los cargos son por la presunta manipulación de los datos económicos que presentó la primera ya que ofertó un canon a ingresar en las arcas municipales de 3,5 millones de euros, pero según las pesquisas de la Guardia Civil que llevó la investigación el 'cambiazo' supuso que la cifra apareciera rebajada a los 335.000 euros. Los agentes también investigaron si en el correlato de los hechos hubo algún pago de cantidades al que entonces era el concejal responsable de Obras y Servicios.

Por la Audiencia pasarán desde la entonces alcaldesa al actual, Emilio Fernández, así como la secretaria municipal y un funcionario del Ayuntamiento en calidad de testigos. El fiscal pide para García Casas un año de prisión por tráfico de influencias y un año y once meses por falsedad documental mientras que para el exconcejal solicita la pena de un año de cárcel. Por su parte el Consistorio está personado como acusación particular y pide pena de cinco meses de prisión con otros cinco de multa por falsedad para García Casas, así como 6 meses de prisión y multa de 20.481.000 euros por tráfico de influencias. Para el que fuera concejal socialista reclama medio año de prisión y una multa por la misma cantidad «porque el hecho de haber tenido que paralizar el concurso supuso perder un canon a ingresar en las arcas municipales que era necesario para abordar inversiones en la red de suministro, que ahora es municipal, actuaciones que no se han podido hacer en todo este tiempo», precisó el alcalde.