Antifraude revela graves irregularidades en contrataciones en el Palau en la etapa de Ximo Puig

El final de las pesquisas, no obstante, arroja una conclusión: el Botánico cometió graves irregularidades en la contratación de los anteriores eventos y en la adquisición de productos. Por ejemplo, en los contratos para «reuniones del President con diversos comensales con el fin de tratar temas de presidencia» y en otros similares donde el motivo consiste en abordar soluciones a la pandemia, »se ha estado utilizando el contrato menor para satisfacer una necesidad recurrente, periódica y previsible y no una necesidad puntual y esporádica», corrigen los inspectores de Antifraude.

Es decir, que la investigación sostiene que en los contratos analizados se ha podido comprobar que las necesidades que se pretenden satisfacer con cada uno de los ellos son las mismas todos los años, «lo que implica que se han eludido las normas en materia de contratación, produciéndose un fraccionamiento fraudulento de los contratos en el que se ha eludido el procedimiento de adjudicación oportuno, sin realizarse con la debida publicidad y concurrencia».

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No terminan en ese punto los reproches a la actuación de los responsables del Palau, que conocieron estas deficiencias y nunca las corrigieron. La Intervención dejó constancia expresa en sus informes de que el hecho de suscribir cada año contratos menores con el mismo objeto, independientemente de que el importe de adjudicación sea inferior al límite legal e incluso si la suma de varios años no se superara, «supone un incumplimiento normativo porque la duración real del contrato es superior al año». Esto exige otro modelo de contratación que ofrezca más garantías.

De igual modo, en el expediente no aparecen estudios de mercado ni los precios de esos servicios sino que se adjudicaban directamente sin mayores controles. Por ejemplo, no se presentaban tres presupuestos diferentes que pudieran alentar la competencia entre los diferentes interesados.

Antifraude, como suele ser habitual, realiza una serie de recomendaciones a la Administración, en este caso, a los nuevos inquilinos del Palau. Por un lado, insta al Consell a abrir un procedimiento de revisión de todas estas contrataciones por si se detecta que el Gobierno pagó de más por los servicios contratados al ignorarse el precio de mercado. No descarta que se puedan exigir responsabilidades entre su personal por el mencionado fraccionamiento.

De igual modo, con el objetivo de no repetir irregularidades de este tipo aconseja que se haga una correcta planificación de las necesidades y se opte por un procedimiento abierto de contratación y no por el contrato menor. Otra de las recomendaciones emitidas consiste en una instrucción interna para los encargados de la contratación donde se recoja la exigencia de inclusión por escrito en las ofertas de que no existe ningún tipo de vinculación legal con ninguna de las otras empresas que presenten oferta como, al parecer, ha ocurrido con la beneficiaria del contrato de menaje.