Anticorrupción denuncia a Camps, Lola Johnson y Aspar por la Fórmula 1

El expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, vuelve a tener un problema judicial. Tras quedar fuera de la investigación por la financiación ilegal del PP y ser absuelto por un jurado de aceptar regalos de la trama Gürtel, su gestión al frente del Consell puede situarle otra vez en una complicada situación judicial.

La Fiscalía Anticorrupción se ha querellado contra él por malversación y prevaricación al favorecer con sus decisiones a una empresa privada (Valmor), que supuestamente iba a costear la organización de las carreras de Fórmula 1. La exconsellera de Deportes con Alberto Fabra y en su día mano derecha de Camps, Lola Johnson, también queda retratada por la investigación. A su cuenta particular, se suma, además, un delito societario. Su actuación compromete directamente al Consell presidido por Fabra que, reunido en Pleno, autorizó la compra de esta sociedad deficitaria. Completa el trío, como cooperador necesario de los ilícitos penales, el expiloto de motociclismo Jorge Martínez Aspar, «amigo» de Camps, según el fiscal.

El asunto, de entrada, no invita al optimismo para ninguno de los tres denunciados. El TSJ llevará la investigación al ser Camps aforado. Será la magistrada Pía Calderón, la misma que instruyó la causa contra Blasco, la que se haga cargo de las pesquisas. El siguiente paso puede ser que los citen como imputados. No se descartan nuevas comparecencias bajo esta condición a medida que avance la causa.

La historia comienza en 2006. El magnate de la Fórmula 1 condiciona la llegada de sus coches a montar un circuito en el entorno del puerto de Valencia. Una frase de Ecclestone define aquel empeño: «Valencia tiene el secreto mejor guardado del mundo». Desde aquel momento, el presidente «dirige las negociaciones» con el empresario británico y «garantiza en nombre de la Generalitat» la viabilidad del proyecto. Desde entonces, Camps, para cumplir su propósito, «eludió todos los procedimientos administrativos de contratación pública», sostiene Anticorrupción.

Según la denuncia, el camino de la presunta ilegalidad arranca cuando el presidente necesita articular su compromiso con Ecclestone a través de una empresa. «Decidió que su amigo Aspar crease una sociedad para organizar la prueba y beneficiarse con ello». Surge entonces Valmor. Fernando Roig y Bancaja se suman al proyecto al tener el soporte del propio Camps. Al mes de constituirse la empresa, ya tiene su contrato para ser promotora de la Fórmula 1. En principio, la apariencia era que se trataba de un contrato entre dos sociedades, un negocio privado. La realidad, según la fiscalía, fue distinta.

Valmor

Camps y el resto de socios de Valmor sabían que la empresa no contaba con licencia para organizar la Fórmula 1, recoge la querella. Para ello recurrieron a la contratación de la sociedad pública Circuito del Motor y Promoción Deportiva (circuito de Cheste). Fueron ellos quienes, en realidad, se encargaron de las carreras. El coste fue de 14 millones de euros. Valmor nunca pagó ni un euro por este servicio. Primera ayuda económica a una empresa privada, según la tesis del fiscal.

Anticorrupción mantiene que no sería este el único presunto trato de favor que se gestionaría a favor de la citada mercantil. La primera edición de las carreras no resulta un éxito económico. Todo lo contrario. Aspar y el resto de socios se quejan de que tienen pérdidas. Vicente Rambla, entonces vicepresidente del Consell, atiende sus lamentos en una reunión. «Inusual forma de actuar», define el fiscal en su escrito. No obstante, esta era la consecuencia lógica del «respaldo económico» con el que Camps «había avalado» la presencia de Valmor.

Más ayudas

Corría 2009 y Aspar y el resto de socios no tenían fondos para pagar el canon a Ecclestone. Esa edición, la prueba costaba 24 millones de dólares. A un mes de que se celebrara la carrera, la cuota permanecía sin abonar. En julio de 2009, Camps viaja a Londres para poner remedio a esta situación, tal y como se desprende de la denuncia.

Tras el encuentro, se idea una nueva fórmula que beneficia a Valmor. Le desliga de la obligación de sufragar el canon. Ahora será la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana (SPTV) la que inyecte el dinero. El director de esta empresa pública firma el contrato por orden de Gerardo Camps, entonces vicepresidente del Consell. Anticorrupción incide a lo largo de su escrito en lo extraño que resulta que si la organización de las pruebas corría a cargo de Valmor siempre fuera el presidente de la Generalitat el que se reunía con el jefe de la Fórmula 1.

Las urgencias en el Consell surgen de nuevo en julio de 2011. Camps viaja desde Bruselas a Londres. En las oficinas de la Formula One Administration (FOA) aguarda Aspar junto a Ecclestone. Son días complicados porque el expresidente se iba a sentar en el banquillo por la causa de los trajes de la Gürtel. Sin embargo, según la fiscalía, ayudó con sus decisiones a la empresa Valmor. Se acuerda firmar un nuevo contrato por el que la Generalitat se convierte en avalista de la sociedad de Aspar. Desaparece Bancaja, cuya situación de solvencia ya había sido cuestionada.

El documento lo firma Lola Johnson como consellera de Turismo en nombre de la Generalitat. «No tenía competencia para ello y no se siguió el procedimiento que fija la ley», reza la denuncia de Anticorrupción. La responsable estampó su firma «porque Camps le dijo que debía hacerlo ese mismo día», añade la querella. Faltaba la autorización del director de la Sociedad Proyectos Temáticos, que estaba de viaje de novios. Esto no fue obstáculo. Por orden del expresidente, «se estampó el sello de su firma», recoge el escrito. El afectado desconocía esta circunstancia.

Auxilio económico

Pese a todas las gestiones anteriores, Valmor no lograba salir a flote. De nuevo, Aspar y Roig vuelven a manifestar sus problemas. Comunican que la empresa está en suspensión de pagos. Lola Johnson y la vicepresidenta Paula Sánchez de León se encuentran presentes. Los empresarios urgen al Consell a que busque una solución a sus problemas «tal y como les había prometido Camps cuando les dijo que crearan la sociedad», mantiene el fiscal. En caso contrario se ponía en riesgo la celebración de la prueba con la consiguiente penalización económica para el Consell.

En diciembre de 2011, los anhelos de los empresarios empiezan a hacerse realidad. Lola Jhonson presidía la sociedad Circuito del Motor. Convoca al consejo de administración para tratar la compra de la sociedad por un euro. El objetivo era garantizar que la prueba seguiría celebrándose. El acuerdo se debe realizar con el visto bueno de la junta general de accionistas (el Consell reunido en pleno).

El pleno del Consell se reúne el 9 de diciembre de 2011. Por vía de urgencia, Lola Johnson introduce la compra de la citada mercantil en el orden del día. Su argumento es que, en caso contrario, habría que pagar una indemnización por los dos años restantes. «Toda la explicación se realizó de manera oral sin que mostrara ni un solo documento que avalara sus pretensiones». A continuación, se da el ok a la compra.

Sin embargo, según el fiscal, los consellers pensaban que el coste de la operación era un euro. Desconocían que suponía perdonar los 14 millones de euros que había costado el montaje del circuito y, además, asumir otros 31 millones de obligaciones frente a terceros. «Lola Johnson engañó al resto de miembros», concluye Anticorrupción. Para completar la maniobra, además, se eximía de cualquier responsabilidad a los anteriores socios de Valmor.

De momento, el fiscal sólo se ha querellado contra la citada exconsellera. Sin embargo, no se descarta que la decisión de comprar Valmor pueda involucrar a más políticos. Existen ciertos nervios en el Palau de la Generalitat porque se trata de una decisión que afecta directamente al gobierno de Alberto Fabra, presidente que ha mostrado una línea de tolerancia cero con la corrupción. /p>

Pantallas en el recinto

La investigación, además, ha destapado otra presunta irregularidad relacionada con las pantallas que se colocaron en el circuito. El fiscal estima que se amañaron los contratos suscritos entre Circuito del Motor y la mercantil Avega Soluciones Inteligentes Audiovisuales S.L. durante los Grandes Premios de 2008 a 2010 por valor de 537.950 euros los dos primeros años y 471.510 euros el tercero. «La adjudicación de estos contratos se encontraba amañada previamente, habiéndose falseado incluso la fecha de varios documentos del expediente con la connivencia de responsables de Circuito del Motor y de Valmor».

Curiosamente, la empresa audiovisual ya está siendo investigada en la pieza que instruye el TSJ sobre las presuntas contrataciones irregulares en la visita del Papa a Valencia, adjudicadas a la trama Gürtel. Avega, según detalla el informe definitivo de la Udef, formaba parte del «conjunto de actuaciones dirigidas a la consecución del objetivo final, que no es otro que el de lograr la adjudicación» de las pantallas del Papa, que se llevó, de nuevo, otra empresa pantalla: Teconsa.