El PPCV rompe con su pasado

Isabel Bonig ordenó el pasado miércoles al PP valenciano sumarse a la propuesta de resolución que PSPV y Compromís anunciaron en el debate de política general de Les Corts y que proponía solicitar la revocación del nombramiento como senadora territorial de Rita Barberá. No fue una decisión fácil. La líder del PP valenciano era perfectamente consciente de que la exalcaldesa de Valencia no es 'únicamente' un símbolo para el partido, tanto por su trayectoria política -24 años de gobierno en el Ayuntamiento de Valencia- como por su indiscutible peso específico en la dirección nacional del partido.

Bonig sabía que la imagen de Barberá trasciende de sus resultados electorales, que durante décadas había sido el emblema más reconocible del PP valenciano. Adoptar esa decisión, poner a los 31 diputados de su grupo a apoyar esa iniciativa que terminó siendo una petición expresa de renuncia «para salvaguardar la dignidad de la representación de los valencianos», marcaba un antes y un después. El PP valenciano optó por ese camino con la intención de desligarse «sí o sí» -en palabras de uno de sus más altos responsables- de cualquier sombra de corrupción, probablemente el principal lastre que provocó el desmoronamiento electoral de 2015.

La dirección regional del PP valenciano guarda poca o ninguna relación con la cúpula que dirigió el partido hasta hace sólo unos años. Bonig y su equipo son conscientes de que las investigaciones judiciales que han afectado a algunos de sus principales cargos contribuyeron a un deterioro acelerado de la imagen del partido. Como consecuencia de ese escenario, la propia presidenta regional llegó a impulsar un proceso de refundación del partido -con propuesta de cambio de nombre, solicitud de congreso extraordinario y reclamación de más autonomía sobre la calle Génova-, que ahora se ha vuelto a guardar en el cajón, a la vista de que la gestión del tripartito valenciano, PSPV, Compromís y Podemos, se ha llevado ya sendos batacazos electorales y las expectativas políticas vuelven a ser optimistas.

La decisión del Tribunal Supremo de investigar a la exalcaldesa Barberá por blanqueo, igual que la revelación del contenido del sumario de la pieza principal de Imelsa, han devuelto a la primera página las investigaciones judiciales sobre cargos del PP. La dirección de la calle Quart está decidida a marcar distancias, consciente de que los procesos que han afectado a sus responsables no sólo tuvieron un impacto electoral, sino que contribuyeron al deterioro de la marca política. Como consecuencia de una y otra circunstancia, el relevo en la cúpula del partido de sus principales responsables se hizo inaplazable. Se hacía imprescindible pasar página de un pasado que en términos electorales fue hegemónico, pero que como consecuencia de los procesos judiciales y de la falta de determinación para hacerles frente acabó abocando al partido a una complicada situación.

Otra generación

La dirección actual del PP valenciano, con la propia Bonig al frente del partido, con Eva Ortiz como número dos, y con el innegable peso específico de los presidentes provinciales -en especial el de José Ciscar- no guarda vinculación alguna con la cúpula del partido de hace apenas un lustro. Nombres como los de Carlos Fabra, Rafael Blasco o Joaquín Ripoll, como los de Sonia Castedo, Ricardo Costa, Juan Cotino, Serafín Castellano o Francisco Camps, son algunos de los exdirigentes del partido a los que las investigaciones judiciales han terminado separándoles de sus responsabilidades. Alfonso Rus y Rita Barberá son los últimos nombres que se han sumado a esa lista.

El punto de inicio es el año 2003. Las denuncias contra Carlos Fabra del empresario y exsocio del que fuera todopoderoso presidente de la Diputación de Castellón terminaron conduciendo a prisión al expresidente provincial de los populares. El 1 de diciembre de 2014, Fabra ingresaba en la cárcel de Aranjuez para cumplir condena por cuatro delitos contra la hacienda pública.

Aquel caso se explicó como una consecuencia ligada al inmenso poder político de Carlos Fabra. De alguna manera, esa circunstancia propició que no terminara de salpicar a la dirección regional. Al expresidente de la Diputación se le permitía hacer y deshacer en su provincia, y gozaba de cierta influencia en la cúpula del PPCV. Pero su proceso judicial quedó acotado a la provincia de Castellón.

Ocurrió otro tanto con Brugal. En 2006 arrancó una investigación, tras la denuncia del empresario Ángel Fenoll por un supuesto intento de soborno, que terminó destapando un vasto entramado de sobornos, cohechos, prevaricaciones, tráfico de influencias y revelación de información privilegiada. El expresidente provincial del PP de Alicante, y expresidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, fue detenido en su domicilio en julio de 2010.

La ramificación urbanística de este proceso judicial, con el poderoso empresario Enrique Ortiz como uno de los salpicados, también terminó con la carrera política de Sonia Castedo. En diciembre de 2014, dos años después de ser imputada por corrupción urbanística, terminó presentando su dimisión como alcaldesa de Alicante. Castedo terminó cediendo a la presión ejercida por su propio partido. Castedo siguió el mismo camino que su antecesor en el cargo, Luis Díaz Alperi, que también se vio obligado a dimitir de su escaño en Les Corts tras ser procesado por delito fiscal e imputado en Brugal.

El caso Fabra y Brugal son procesos cuyo impacto no trascendió del ámbito de sus respectivas provincias. Y esa circunstancia contribuyó a que la dirección regional del PPCV no se viera afectada. Pero esa circunstancia, esa especie de cortafuegos que mantenía a la provincia de Valencia y al Palau de la Generalitat al margen de los procesos judiciales saltó por los aires con todo el estruendo posible en febrero de 2009.

A mediados de ese mes, varios medios de comunicación situaron al entonces presidente de la Generalitat y del PP valenciano, Francisco Camps, como salpicado por la trama Gürtel, una trama de corrupción que habría operado en distintos ayuntamientos de la Comunidad de Madrid y que, según se dijo entonces, tenía una pequeña derivada hacia la Comunitat Valenciana por el supuesto regalo de unos trajes a dirigentes políticos valencianos por parte de los cabecillas de la trama.

Gürtel ha acabado convirtiéndose, probablemente, en el mayor caso de corrupción política que ha afectado a la Comunitat Valenciana. La pieza de los trajes no sólo terminó sentando en el banquillo de los acusados a Camps y al que fue su número dos, Ricardo Costa -que terminaron siendo absueltos-. Otro de los pesos pesados del PP valenciano en aquella época, el que fuera vicepresidente Víctor Campos, resultó condenado por los mismos hechos, después de que se conformara con la pena propuesta por la acusación.

La pieza de los trajes se cobró la carrera política de Francisco Camps, que presentó su dimisión como presidente de la Generalitat y líder del PPCV sólo unas fechas antes de ser juzgado por esta causa. El dirigente valenciano, que había llegado a ser considerado como uno de los principales valores de futuro de su partido, puso punto y final a su trayectoria.

Pero Gürtel no se ha detenido. Todo lo contrario. Las derivadas de este proceso salpicaron de lleno la etapa de Francisco Camps como presidente de la Generalitat y líder del PPCV. Un total de seis piezas de las que una ya se encuentra vista para sentencia -la de las adjudicaciones del 'stand' de la Comunitat Valenciana en Fitur a empresas de la trama- y que puso punto y final a la carrera política de la expresidenta de Les Corts Milagrosa Martínez. Y otras cinco, financiación irregular del PPCV en dos citas electorales (2007 y 2008), por la visita del Papa a Valencia, por los contratos de la Generalitat con firmas de la trama, y una más por los posibles delitos fiscales cometidos en el ámbito de esas contrataciones.

La vieja dirección

El conjunto de estos procesos judiciales pone en cuestión a un buen número de altos cargos de la administración autonómica dirigida por el PP valenciano, muchos de ellos también en la dirección del PPCV. La de la visita del Papa, sin ir más lejos, sentará en el banquillo al expresidente de Les Corts Juan Cotino, uno de los dirigentes del partido valenciano con mayor influencia. Entre los imputados por la financiación irregular, el exnúmero dos del PPCV Ricardo Costa y el exvicepresidente del Consell Vicente Rambla. David Serra también está salpicado por la pieza de los contratos con empresas de la trama.

Otro proceso judicial, el denominado Caso Cooperación, acabó con la carrera política del exconseller Rafael Blasco. La denuncia por las adjudicaciones hechas desde esa conselleria y el uso hecho del dinero público que debía dedicarse precisamente a ayudas para el tercer mundo acabó en una condena al veterano político valenciano, que todavía le tiene en la prisión de Picassent. A Serafín Castellano, exconseller y exdelegado del Gobierno en la Comunitat, las adjudicaciones a la firma dedicada al alquiler de aviones para la extinción de incendios Avialsa -y los presuntos regalos recibidos a cambio- precipitaron su caída-.