El gerente del Hospital Provincial de Castellón también es dueño de dos clínicas privadas

El director gerente del Hospital Provincial de Castellón, Joaquín Sanchis García, figura en el registro mercantil como titular de dos clínicas privadas. El responsable del centro sanitario público aparece como administrador único del Centro Médico Asistencial, ubicado en la localidad de Vall d'Uixó, y también de una clínica dental, Centre Médic La Vall, en la misma localidad castellonense. Sanchis García fue nombrado responsable del Hospital Provincial en septiembre de 2015, y aunque se aseguró que iba a renunciar a la titularidad de las dos clínicas, el registro mercantil demuestra que sigue al frente de ambas.

En la dirección del Centro Médico Asistencial aparece la dirección de dos empresas distintas: Prima Dent 2009 SL y Cemevall Sociedad Limitada. Esta última, además, se encuentra en concurso de acreedores desde el 30 de junio de 2016. Joaquín Sanchis García figuraba como presidente y consejero delegado de la firma desde principios de julio de 2012.

Un mes antes, en junio de ese mismo año, Sanchis García se había convertido en administrador único de Prima Dent 2009 y del Centre Medic La Vall. Hasta ese año, el ahora gerente del Hospital Provincial de Castellón mantenía la condición de administrador mancomunado de las dos firmas.

Pese a que las dos clínicas -la dental y la policlínica- prestan servicios sanitarios, las fuentes consultadas por este diario precisan que ninguna de ellas ha prestado servicio alguno con la administración. Por esa circunstancia, Sanchis García no habría incurrido en una de las situaciones de incompatibilidad de las que advierte la Ley de Incompatibilidades y Conflictos de Intereses de Personas con Cargos Públicos no Electos aprobada por Les Corts el pasado 28 de octubre. La norma sí que, obliga, no obstante, en su artículo 12, a que los altos cargos de la administración realicen una declaración de actividades, bienes y patrimonio ante el Registro de Control de Conflicto de Intereses, con el fin de someterse a esta normativa. La Oficina de Control de Conflictos de Intereses, un órgano pensado con la intención de pronunciarse sobre si los altos cargos cumplen al pie de la letra esta norma, así como para investigar si al abandonar esa actividad pública vulneran alguno de sus apartados, debería emitir un informe sobre la compatibilidad de las actividades, con las consecuencias previstas en esta ley. 'Debería', porque la realidad es que la mencionada Oficina todavía no se ha creado -Transparencia anunció que estaría para el mes de mayo-.

Con todo, la situación de Sanchis García contrasta con la política que viene impulsando Carmen Montón al frente de la conselleria de Sanidad. Y no sólo porque la titular de este departamento haya hecho bandera, con sus decisiones, de la defensa de la sanidad pública y del final del entendimiento con la privada -el anuncio de no renovar las concesiones así lo demuestra-. En realidad, Montón ha trasladado ese rechazo a la sanidad privada al conjunto del personal sanitario. De hecho, desde su departamento se ha remitido en las últimas semanas un escrito al personal sanitario en el que se viene a rechazar la compatibilidad en el trabajo en la sanidad pública y en la privada.

La carta, revelada por el diario El Mundo, apela a la solidaridad y al avance que supondría que los profesionales de la sanidad pública no presten sus servicios también en el ámbito privado. El texto recomienda la dedicación del personal clínico «a un sólo puesto de trabajo, sin más excepciones que las demandas por el propio servicio público, respetando el ejercicio de las actividades privadas que no puedan impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o comprometer su imparcialidad o independencia».

El caso de Sanchis García -que ya fue alto cargo en el mismo centro hospitalario bajo el Gobierno de Joan Lerma- recuerda los del subsecretario de la conselleria, Ricardo Campos, y la directora del Hospital Provincial de San Vicent del Raspeig, Rosa Mora. En ambos casos se trata de altos cargos nombrados por Montón y que han mantenido algún tipo de vinculación con la sanidad privada, justo la que ahora este departamento trata de impedir para el personal sanitario.