El CSIF pide suspender el decreto de uso administrativo de lenguas oficiales

El sindicato CSI·F ha interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia valenciano un recurso contencioso-administrativo contra el decreto del Consell que regula los usos institucionales y administrativos de las lenguas oficiales en la Administración de la Generalitat.

La central sindical, además, ha pedido al TSJCV la suspensión cautelar de ese decreto, aprobado por el pleno del Consell el pasado 12 de mayo, "por los perjuicios de imposible o difícil reparación".

En un comunicado, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios explica que el decreto "no fue negociado con los representantes de los trabajadores, como resulta obligado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 7/2007 por la que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP)".

Entre los argumentos del CSI·F para solicitar la suspensión cautelar del decreto figuran que "como la jurisprudencia ha declarado, cuando el daño no es susceptible de valoración económica porque la evaluación ofrece grandes dificultades, se considera de reparación imposible o al menos difícil, y se dará el supuesto previsto para suspender la ejecución".

El sindicato señala igualmente, en el escrito de interposición del recurso, que establecer el valenciano como lengua destacada "la sitúa en posición de prevalencia que vulnera lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española, el artículo 6 del Estatuto de Autonomía, así como el artículo 7 de la Ley 4/1983 que el propio decreto impugnado desarrolla".

En su opinión, ese decreto atentaría contra los artículos 20 y 23 de la Constitución Española, que defienden el derecho a la libertad de expresión y el acceso a cargos y funciones en igualdad de condiciones.

Asimismo, señala que la Administración debe garantizar el derecho de los empleados públicos a utilizar la lengua que libremente escojan, de entre las oficiales, al hablar y escribir en el ejercicio de sus funciones.

"La normativa aprobada por el Consell, que especifica la lengua en la que realizar esas tareas, atentaría contra esa libertad de expresión lingüística del trabajador", asegura el sindicato.