Un informe de la Fundación de Estudios de Economía Avanzada (Fedea) que dirige el profesor Ángel de la Fuente propone, mientras llega la ansiada reforma del sistema de financiación autonómica, una aportación extra de fondos por parte del Estado «que se distribuiría con criterios de nivelación entre las comunidades peor financiadas».
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La cuantía del fondo que propone esta entidad, una de las más reconocidas en el análisis de los factores y resultados del sistema de financiación autonómica, sería de 2.581 millones de euros. Con esa cantidad, según la simulación de Fedea, la Comunitat Valenciana vería incrementada su financiación de 2020 en 750 millones de euros.
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Con esta cantidad, la financiación per cápita de los valencianos correspondiente a este ejercicio se situaría en 2.542 euros, a sólo 58 euros de los 2.600 euros, considerados para este año como la media española de financiación por habitante. La Comunitat pasaría de recibir una financiación per cápita de 2.389 euros, que es la que recibirá por habitante correspondiente a 2020, a esos 2.542, es decir, 163 euros más por persona. Sobre un índice 100 de referencia de la media española, los valencianos pasarían de estar en el 94 al 97,8.
Según Fedea, esos 2.600 millones se repartirían entre las comunidades peor financiadas, que serían, según la entidad, además de la Comunitat Valenciana, Andalucía, Castilla-La Mancha y Murcia. Para acerca a estas regiones a la media por habitante, Andalucía recibiría 1.344 millones de euros; Murcia, 289 millones; y Castilla-La Mancha, 198 millones de euros. Con esas aportaciones extra, las cuatro regiones se situarían con una financiación media de 97,8 sobre índice 100.
Fedea, que muestra sus dudas respecto a que la nueva financiación pueda aprobarse antes de que acabe la actual legislatura, considera que además de este fondo, y a la espera de aprobarse el nuevo modelo, convendría ir sentando las bases «para avanzar hacia la plena responsabilidad fiscal de las CCAA». En concreto, la entidad que dirige Ángel de la Fuente plantea endurecer al máximo la restricción presupuestaria de las CCAA, respetando su autonomía de gasto, a la vez que se les dotara de la mayor capacidad posible para modular sus ingresos a través de impuestos autonómicos claramente perceptibles como tales por los ciudadanos.
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