Abogacía encuentra la sentencia de Segorbe perdida durante días en las consellerias de la Generalitat

La sentencia del TSJ que anula la multa que Oltra impuso al centro de menores de Segorbe ha llegado, por fin, a la Dirección General de Infancia y Adolescencia, encargada de instruir la sanción. El dictamen judicial vagó por diversos departamentos de la Generalitat a causa de algún tipo de fallo sin especificar, según fuentes del Consell. Una sentencia errante.

El jueves pasado, LAS PROVINCIAS adelantó un auto que ha vuelto a dar la razón a las religiosas de la congregación de las Hermanas Terciarias Capuchinas de la Sagrada Familia e invalida la sanción que en su día impuso la Generalitat. Se trataba de una multa de 15.000 euros por infracciones graves aparte del cierre de las instalaciones durante un periodo de tres años, con el consiguiente perjuicio económico para la entidad. Preguntada ese mismo día, Oltra evitó hacer una valoración en profundidad de la decisión judicial porque aseguró no disponer de ella, y 24 horas más tarde afirmó lo mismo, que no tenía la sentencia. ¿Dónde estaba?

Desde el Consell se aseguró que Abogacía (dependiente de Presidencia de la Generalitat) decía no haberla recibido. Pablo Delgado, el abogado que ha representado al centro de menores, explicó en Noticias 8 Mediterráneo que la sentencia fue notificada el 16 de diciembre de 2021 y, por tanto, Oltra debería ser conocedora de la misma. Pero, según la vicepresidenta, esto no se había producido. Fuentes de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas señalan que la Dirección General de Infancia y Adolescencia, encargada de instruir la sanción, no recibió ninguna comunicación de la sentencia por parte del órgano responsable de remitírsela. Es decir, desde Abogacía.

Fuentes del Consell informan ahora de que el auto del TSJ ya ha sido enviado a la conselleria de Oltra, un destino final que, sin embargo, no fue al que inicialmente se derivó, según señalan altos cargos autonómicos. El dictamen pasó por varios departamentos de manera errónea, incluyendo la Conselleria de Territorio, según fuentes conocedoras del periplo de la sentencia errante.

La información consultada por LAS PROVINCIAS permite concluir que la Abogacía de la Generalitat fue notificada del fallo el pasado 17 de diciembre. Pero el cauce comunicativo no se limitó únicamente a este aviso. Unas semanas más tarde, se le volvió a dar traslado de otro trámite judicial. En este caso, la denegación de una aclaración que había pedido la orden religiosa. Esto ocurrió el pasado 13 de enero. Es decir, en dos ocasiones recibieron avisos de este delicado asunto. Por el contrario, fuentes cercanas a Oltra insistían este sábado en que la Abogacía de la Generalitat no había recibido nada, al reiterarles la consulta tras lo publicado por este periódico.

La vicepresidenta, cuando fue preguntada por esta situación, lamentó que «una cosa es cuando se notifica la sentencia y otra cuando llega (a la conselleria)«, un tortuoso camino, «los trámites procelosos de nuestra Administración. Cuando se pueda leer y estudiar haremos la valoración». No sólo son »procelosos« y confusos, también son profundos. Porque, efectivamente, sí había llegado hasta la Generalitat (nadie ha sabido precisar cuándo), pero había sido derivada a otra consellería y, posteriormente, a una dirección general de Vicepresidencia que no tenía nada que ver con la que gestionó la sanción. Este lunes todavía era un misterio dónde estaba el auto. Han hecho falta tres días laborales (con un fin de semana de por medio) para que se resolviese el entuerto.

La demora a la hora de encontrar la sentencia y remitirla al departamento adecuado puede afectar incluso a los plazos para recurrir el fallo si todavía mantiene la Generalitat que actuó correctamente en este asunto. Porque estas confusiones de la Administración a la hora de remitirse las sentencias, cuando el fallo está legalmente notificado, no sirven de excusas en los cómputos legales.

La vicepresidenta decidió cerrar esas instalaciones de Segorbe por un informe de la Inspección que alertaba de graves deficiencias. Posteriormente, desde Les Corts, difundió sospechas de los abusos de un monitor. Oltra incluso ofreció en el Parlamento datos que permitían identificar a este profesional. Finalmente, la Justicia absolvió al monitor. Y, desde entonces, todas las condenas judiciales han sido para la actuación de la conselleria. La primera, por el traslado de los internos. El TSJ le afeó la «grave infracción del ordenamiento jurídico» por la decisión unilateral de trasladar a los tutelados del centro de Segorbe a otros emplazamientos sin un acto administrativo que lo avalara. El Tribunal Supremo no admitió ni siquiera el recurso de la Administración. Y ahora, la más reciente, la anulación de la multa de 15.000 euros y el cierre de las dependencias durante tres años, por no cumplir los plazos recogidos en el procedimiento administrativo.