Un ex abogado del Estado declara a la jueza que la fundación de la visita del Papa era privada

La causa de la visita del Papa parece más inclinada hacia un futuro archivo que a sentar a los investigados en un banquillo. Al menos esa es la esperanza que cada vez con más intensidad barajan algunas defensas tras la comparecencia de ayer de Javier Gómez-Ferrer, abogado del Estado en excedencia, que ha elaborado un informe en el que concluye que la fundación que organizó la visita del Papa era privada. De confirmarse esta tesis, la causa, en la que están investigados el expresidente Francisco Camps y el exconseller Juan Cotino, se derrumbaría porque la entidad no estaba sujeta a la Ley de Contratos Públicos. Tanto la Intervención como la Udef sostienen justamente lo contrario.

Las defensas consideran especialmente valiosa la comparecencia del citado perito que, en su día, fue responsable de Penal de la Abogacía del Estado en Valencia. De hecho, la Abogacía de la Generalitat anunció ayer su intención de recusar al experto porque tenía conocimientos de diferentes asuntos de corrupción. Sin embargo, la Abogacía del Estado nunca ha estado personada en esta causa.

El especialista insistió durante las cerca de tres horas de comparecencia que la Fundación V Encuentro era privada y que la inyección de dos millones que se efectuó no se puede considerar una dotación fundacional porque esta tiene carácter permanente y, en este caso, se utilizó para abonar las deudas. Además, tal y como sostiene en su informe, el hecho de que la entidad reciba financiación pública no es relevante para dictaminar su naturaleza. Este perito argumentó que la entidad no se constituyó con aportaciones mayoritarias procedentes de la Administración General del Estado ni su patrimonio fundacional con carácter de permanencia estuvo formado en más de un 50% por bienes o derechos aportados por el Estado. A lo largo de la intervención, en la que el fiscal Anticorrupción trató de ser incisivo, defendió la actuación como ajustada a la normativa.

No es el único informe aportado a la causa cuyas conclusiones conciden con esta pericial. La jueza abrió en 2016 esta causa por delitos de prevaricación, malversación y falsedad por supuestas irregularidades en las adjudicaciones por parte de la fundación que organizó la visita del papa Benedicto XVI a València en julio de 2006. El origen fue la pieza separada del caso Gürtel remitida a Valencia por el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. Pero también se incluyó documentación hallada mientras se investigaban las irregularidades de dos directivos en la empresa pública Vaersa, otra de las firmas salpicadas por la corrupción. De hecho, un exdirector general declaró el miércoles que era conocedor de la deuda de la fundación con la mercantil pública pero que pese a sus preguntas para cobrar sus superiores no le dieron respuesta.

Un informe de la Intervención General del Estado alerta de irregularidades detectadas en los contratos con 11 empresas diferentes, pero también «de la gestión de los fondos dotacionales» durante el periodo de la fundación. «Existe un incumplimiento reiterado de la legalidad», concluye tanto el informe de la Intervención como el de la Udef. No es que únicamente se vulneraran los principios de publicidad y de transparencia sino que desde el primer momento «se rebasó su capacidad presupuestaria».