Francis Puig culpa ante el juez al Gobierno de su hermano de no informarle de que justificaba mal los gastos para las subvenciones

Día complicado para el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que ha afrontado la primera declaración judicial de su hermano desde Portugal, en un viaje oficial del Consell. Francis Puig está imputado por graves irregularidades en la obtención de subvenciones públicas para el fomento del valenciano, entre otro tipo de ayudas de la Administración.

Antes de las 9.30 horas, el familiar del líder socialista había llegado a la Ciudad de la Justicia en medio de una gran expectación mediática. Es la primera vez en la Comunitat que un supuesto caso de corrupción afecta a la familia más directa del máximo responsable del Palau.

El hermano de Puig ha terminado su comparecencia cerca de las 14 horas tras cuatro horas de explicaciones ante el juez. El imputado ha contestado a las preguntas de Anticorrupción, pero no ha querido responder al PP, que ejerce la acusación popular en este asunto.

Francis Puig, en su declaración en sede judicial, ha admitido que presentó las mismas facturas para obtener subvenciones en Cataluña y Valencia, pero ha culpado a la Generalitat, presidida por su hermano, de que no le dijera que había algo incorrecto en todo este proceso. Ha añadido, además, que nunca se les pidió que devolvieran ningún importe, circunstancia que les llevó a considerar que todo era correcto.

En un escrito de hace unos meses de los socios de Francis Puig, los empresarios Adell Bover, sostenían que se trataba de dos idiomas diferentes, el valenciano y el catalán, para evitar que se computaran como idénticas ayudas en ese ejercicio y quedarse por debajo de los 120.000 euros, cantidad a partir de la cual se considera delito.

Fuentes de su propia defensa admitieron esa doble presentación de documentación a las diferentes administraciones. Pero todo esto, el problema judicial, lo atribuye a un error de la Guardia Civil porque no saben cómo se funciona en asuntos de esta naturaleza. En cierta medida su versión coincide con la que ofrecen otras fuentes judiciales. «Se resuelven de manera diferente. No se imputa el cien por cien del gasto. Valencia jamás te dice cuando resuelve a qué gastos se imputa esa subvención», ha subrayado.

Francis Puig ha señalado que la persona encargada de la facturación era Jorge Puig. Los pagos a esta trabajador, otro de los hermanos del presidente, no se han podido demostrar documentalmente, pero sostienen que sí se abonaron. El investigado ha admitido que Mas Mut, la empresa donde trabajó el hijo del presidente Puig, tiene sus oficinas en Morella y recibió subvenciones de la Generalitat. Sin embargo, toda su actividad se desarrolla en Aragón. De igual modo, durante la declaración ha admitido que para justificar la subvención de prensa escrita se imputaban facturas de materiales de radio y vídeo, una posibilidad que no encontraría encaje legal.

El letrado de Francis Puig ha tomado la palabra antes de entrar a la sede judicial. También lo ha hecho al final de la comparecencia. El abogado ha indicado que tenían ganas de explicar al juez instructor todas las «dudas y errores de la UCO» acerca de esta investigación. Más tarde ha añadido que los investigadores, en muchas ocasiones, desconocen los cauces del proceso administrativo y de ahí algunos fallos en este proceso indagatorio. «En sus informes hay algunas perlas que se podrían haber ahorrado», ha indicado ante los medios de comunicación. El objetivo es poder cerrar cuanto antes «este procedimiento que tanto daño ha hecho a mi cliente y a su familia».

La defensa del empresario se ha comprometido a aportar en los próximos día abundante documentación que probaría, siempre según su versión, que las firmas de Francis Puig siempre actuaron amparadas en la legalidad. En algunos casos, ha admitido, que no se han contabilizado los pagos al producirse compensaciones entre las diferentes empresas porque son a su vez proveedores y clientes. En otros supuestos la Guardia Civil no ha visto los abonos, pero sí existen, ha asegurado el letrado. Otro de los problemas que se verán resueltos con este caudal de documentación será el de los domicilios de las empresas.

La presidenta del Grupo Popular en Les Corts, Eva Ortiz, ha reaccionado ante la comparecencia de Francis Puig. «Acabamos de saber que Francis Puig reconoce el delito de duplicidad de facturas y responsabiliza a la Generalitat valenciana, alegando que nunca se le advirtió de que había algo incorrecto. Por tanto, la responsabilidad de la Generalitat es patente en este caso, ya que no revisó las justificaciones de las subvenciones, tal y como hemos denunciado en diversas ocasiones», ha señalado Eva Ortiz.

En cambio, el presidente Puig ha negado esas afirmaciones. «El PP intentó involucrar a la Generalitat y la Justicia le dio portazo. Todos sabemos cómo actúa el PP», ha lamentado. Puig ha tratado de acotar el asunto a una cuestión particular de una empresa «trabaje allí quien trabaje». No obstante, en la causa también figura como investigado el director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano.

La causa lleva cerca de dos años en el juzgado de Instrucción 4 de Valencia. Las declaraciones de los investigados se habían retrasado a la espera de un informe policial, que llegó hace unos meses. El dosier de la Policía Judicial señala cuatro tipo de irregularidades en la justificación de los gastos por parte de Francis Puig y sus socios, los Adell Bover.

El primero, la existencia facturas cruzadas que han podido ser utilizadas para la obtención de las subvenciones «en mayor cuantía que la que correspondería». En los gastos de 2015, Comunicacions dels Ports, empresa de Francis Puig, habría adjuntado facturas de la productora Mas Mut «cuyo abono no ha quedado acreditado». A la inversa también se da el caso. La misma irregularidad se ha encontrado en Canal Maestrat, empresa de los hermanos Adell Bover. Un actuación que se extiende entre 2015 y 2018. «Estos hechos podrían ser constitutivos de delito de falsedad mercantil», indicó en otro informe la Fiscalía.

La defensa de Francis Puig se ha atrevido a adelantar que las acusaciones ya no persiguen un fraude de subvenciones sino que ahora únicamente se centran en la posibilidad de ese delito de falsedad.

Otra de las irregularidades detectadas es la presencia de facturas que no se pueden considerar como gasto subvencionable. Si es así, está conducta sí que podría entrar, según Anticorrupción, «en la del falseamiento que exige el fraude de subvenciones». Hay facturas duplicadas o de suministro de energía que no se corresponden con el domicilio social de la empresa.

La tercera irregularidad es la detección de gastos imputados al 100% a las ayudas de la Generalitat Valenciana y a las dirigidas a la Generalitat de Cataluña. De esta manera ingresaban de las dos administraciones y justificaban con un mismo gasto. El informe policial pone el acento en este caso en las ayudas recibidas desde el Gobierno catalán y la Fiscalía Anticorrupción reclama que se coteje con la cuantía recibida en Valencia, «para averiguar el exceso de gasto acreditado».

La última irregularidad es la omisión en la solicitudes de que se han recibido ayudas por la misma finalidad, «especialmente con las ayudas recibidas por Cataluña». La clave de todo este proceso es si el montante final defraudado supera los 120.000 euros al año. En caso contrario, no estaríamos ante hechos delictivos y el asunto no superaría la esfera administrativa lo que, evidentemente, ofrecería un enorme respiro al presidente Puig.

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