Mata, exsíndic del PSPV, sugiere que los casos de corrupción son un montaje

El abogado y político -ahora por este orden- ha llegado a enfrentarse directamente con el fiscal Anticorrupción en otras macrocausas. Su informe no fue una excepción. Y no dudó en atacar, una y otra vez al ministerio fiscal, en un ejercicio del derecho de defensa de márgenes extremadamente amplios.

«Aquí se ha preparado un montaje por parte del fiscal y de José Luis Vera y otros denunciantes», proclamó casi como tarjeta de presentación de sus conclusiones. El letrado indicó que todo esto se trata de un «experimento» del fiscal a lo largo del periodo 2015-2019 que con todo su poder y «amparado por instructores legitimistas pero no garantistas» se ha propuesto investigarlo todo y «tener acceso a todos los correos y mensajes».

En este sentido, señaló que se recurre deliberadamente a la Udef, sin ser necesaria su participación en una investigación de esta naturaleza, para recopilar lo que se ha llamado «vida digital», todas las comunicaciones que afectan a los investigados. Incluso ha aventurado que no le darán todo el material requisado en Azud, donde defiende al cabecilla Jaime Febrer, para que no aparezcan los correos entre Vera y el propio fiscal. Unos mensajes en los que supuestamente ambos responsables pergeñaron una causa judicial.

Mata, por extensión, ha cuestionado todos los casos de corrupción, el inicio de Azud con una denuncia anónima en Hacienda contra el cuñado de Rita Barberá, José María Corbín, o el origen del caso Erial, con los famosos papeles del sirio que terminaron en la detención del expresidente Zaplana y su núcleo más estrecho de colaboradores. Son dos comienzos, sin duda, sospechosos por las circunstancias que concurren. Más llamativo, si cabe, los papeles que se encuentran en un antiguo piso de Zaplana cuando este es alquilado por un ciudadano sirio al que luego relacionaron con el CNI. «Es un horror», resumió Mata como colofón de esa forma de actuar. Y esto ha tenido, según él, consecuencias. «Aquí hay acusados que han pasado a ser apestados, incluso se ha suicidado la madre de uno».

La labor policial ha sido una de las principales críticas del letrado. «Hay una mirada sucia sobre la política». La cuestión de fondo que plantea Mata es que en las investigaciones prospectivas, prohibidas por el ordenamiento jurídico, siempre se puede encontrar algo. Mata sostiene, además, que esta causa es una pieza separada del caso Taula, pero no se tramitó como tal por otros intereses hoy desconocidos, según el relato del abogado.

«Hemos encontrado aquí con una investigación prospectiva, vulneradora de los derechos fundamentales, inquisitorial, más propicia del régimen totalitario, con un sesgo de cómo funciona la política y la sociedad», resumió el letrado.

El alegato de Mata sorprende teniendo en cuenta sus antecedentes como político. No vacilaba a la hora de criticar la corrupción supuestamente del PP e incluso adelantó que el caso Feria Valencia se iba a convertir en el mayor asunto de corrupción de la historia de la Comunitat. La Fiscalía dio carpetazo al asunto. No llegó ni siquiera a judicializar el tema.

La mayoría de los 14 acusados en el caso Alquería han querido hacer uso de la última palabra en el juicio que se sigue contra ellos en la Audiencia de Valencia pese a que los letrados suelen recomendar desaprovechar la oportunidad. Rodríguez y Gallego sólo agradecieron la atención del tribunal y confían en que todo termine en una absolución.

La exgerente Agustina Brines, visiblemente emocionada, ha puesto de manifiesto el «mal» que se le ha causado con esta causa, tanto a nivel personal como familiar o profesional: «Esto no lo curará nadie ya». «Espero que de una vez por todas se acabe este mal sueño que hemos tenido que vivir de forma desproporcionada y sin ningún motivo».

El que fuera letrado-asesor de Divalterra, Jorge Cuerda, ha aludido a todo el daño personal y profesional que le ha causado este procedimiento. «Nunca me había pasado nada parecido», ha aseverado. «A nivel personal cada uno lo lleva de una forma pero hay una onda expansiva que llega a familiares. En lo profesional, el caso se ha cargado todo mi prestigio profesional previo, si es que lo tenía», subrayó.

El juicio ha quedado visto para sentencia. El tribunal tiene trabajo por delante y más teniendo en cuenta las numerosas cuestiones previas planteadas por los letrados. La sentencia no se espera hasta dentro de varios meses. Una sentencia condenatoria marcaría, sin duda, un precedente sobre el uso de determinadas empresas para la colocación de los afines del partido. La consecuencia de esto sería la cárcel para los acusados.