El agente de la UDEF: «Jorge Rodríguez conocía, sin duda, la arbitrariedad de las contrataciones»

El policía ha extraído la conclusión de que todo el mundo conocía la existencia del consejo de dirección, un órgano creado para esquivar el consejo de administración, y que conocen los informes en los que se indica la presunta ilegalidad de las contrataciones. El acusado Cuerda admite en un correo, según este testimonio, que una de las áreas que se van a crear en 2018 no sabe a qué se van a dedicar.

La renuncia adelantada por Cuerda en una comunicación es algo «extraño» porque si consigue el objetivo de los altos directivos... «Es por si iban a quitar los poderes que él exigía para los contratados». Le han interrogado además acerca de lo que el acusado define como hoja de ruta de las contrataciones.

Los dos contratados del 2018. Uno de ellos era amigo de las juventudes socialistas de Jorge Rodríguez, entonces presidente de la Diputación de Valencia. «El presidente conocía sin duda la arbitrariedad de las contrataciones», ha concluido.

La defensa del exdirigente se ha quejado de las detenciones en la operación policial y la duración de estos arrestos. «No estaban terminadas las diligencias», ha respondido. La letrada ha sido advertida de que se estaba desviando del objeto de su interrogatorio y que carecía de interés para la causa las preguntas que estaba formulando.

El funcionario extrae la conclusión de que todos conocían las dudas que generaban estas contrataciones, el riesgo que existía de que fueran descubiertos y que todo era una manifiesta ilegalidad. José Luis Vera pidió explicar en el consejo de administración su informe. «No tenemos constancia de que eso se produjera».

El volumen de negocio de Divalterra son 25 millones, menos que Egevasa o el Consorcio de Bomberos, con casi 50 millones. Este último, por ejemplo, sólo tiene un directivo. «¿Cómo puede ser que Divalterra tuviera diez? Eso nos lleva a sospechar que había algo raro».

También abordó el inexistente proceso de contratación siguiendo las reglas de mérito, capacidad y transparencia. «Ninguno», ha certificado. No encontraron pruebas de esos procedimientos de selección.

Agustina Brines, la cogerente de Compromís, conocía todo esto «igual o más» que el propio presidente. Hay correos en los que hablar de que están cometiendo una ilegalidad, de que todo está cogido con pinzas, de que si hay que mirar por el retrovisor... En otro de los emails habla de que todo «viene de un acuerdo político», en relación con los altos directivos.

Brines, en numerosas ocasiones, solicita asesoramiento para el consejo de dirección. Llevaba bastante tiempo pensado en esto, según se desprende del material requisado.

Otro de los registros durante la operación policial se produjo en el despacho de Rodríguez en el Ayuntamiento de Ontinyent. Allí ya hay una anotación en la que se recogen los planes de creación de siete áreas en Divalterra. Uno o dos meses antes, el presidente ya estaba al tanto y quería perfilar estas contrataciones, ha asegurado el agente de la Udef. El agente ha desligado a José Luis Vera, el exjurídico, de toda la supuesta trama.

El policía no ha encontrado tampoco motivo de por qué los directivos son despedidos en 2018 más allá de una supuesta restructuración de plantilla. «Pero no hay nada más». En el móvil de Rodríguez constaba la formación del comité de dirección, que no incluía a ninguno de estos nuevos cargos, ha subrayado el agente.

No había evidencia de que los contratados trabajaban como alta dirección, según el análisis de los agentes de todo el material requisado a los acusados. Tampoco la necesidad de que existiera un informe de conveniencia de la creación de estos puestos.