En el caso Erial, la investigación al expresidente Eduardo Zaplana por una supuesta fortuna oculta en el extranjero, no dejan de sucederse las polémicas. La última, que se antoja de extenso recorrido, surgió a raíz de la designación del ponente, el encargado de ... redactar la sentencia tras la deliberación con el resto de magistrados. El profesional elegido en su momento al aplicar los correspondientes turnos de reparto fue Megía Cardona.
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No obstante, se da la circunstancia de que este magistrado mantiene una enemistad manifiesta con uno de los letrados de este asunto, Vicente Grima. El abogado, uno de los más conocidos penalistas de Valencia, representa al empresario Vicente Cotino, sobrino del expresidente de Les Corts, Juan Cotino.
El problema entre estos dos profesionales jurídicos se remonta a hace 25 años cuando el abogado denunció a Megía, entonces al frente de un juzgado de Instrucción de Valencia, por supuestamente aceptar sobornos, según informó el diario Levante. El caso se archivó por parte del Tribunal Superior de Justicia (TSJ). No llegó ni siquiera a juicio.
La Audiencia confirmó recientemente la designación del ponente pese a los numerosos antecedentes de abstención que acumula el magistrado, según un escrito que ha presentado el letrado. En realidad, se trata de un recurso contra la decisión del letrado de la Administración de Justicia de mantener a Megía como ponente. En caso de no atenderse, sí abre la puerta a una más que probable recusación. Este incidente, en caso de registrarse finalmente, se resolvería por parte de un magistrado de otra sección.
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El abogado de Cotino aporta numerosos antecedentes para justificar su postura. Por ejemplo, recuerda un asunto donde un auto resuelve que la decisión de Megía de abstenerse está justificada. Esto se produjo en 2007. Y desde entonces, siempre según la versión del abogado, el magistrado no ha participado en ninguno de los asuntos. En total, cita hasta una veintena de procedimientos donde Megía se apartó de la resolución por los motivos anteriores.
No entiende la defensa de Cotino por qué este procedimiento, el caso Erial, resulta excepcional respecto a todos los anteriores y por qué los antecedentes no resultan vinculantes precisamente en el sumario de Erial. Grima sostiene que se trata de «idénticas premisas» en todos los supuestos, «No parece existir razón alguna que justifique en este momento y caso una decisión diferente de la que viene confirmándose desde hace 16 años», razona.
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El cabecilla del conocido como caso Erial es, sin duda, Eduardo Zaplana. La instrucción ha dado por acreditado que disponía de una fortuna oculta en el extranjero procedente del cobro de mordidas por los amaños de los parques eólicos y la privatización de las ITV. Anticorrupción le reclama 19 años de cárcel por estos hechos así como una multa de 40 millones de euros. Los empresarios José Cotino y Vicente Cotino, por su parte, afrontan una pena de prisión de 14 años. La menor participación del expresidente José Luis Olivas se queda en una petición de seis años. En cualquier caso, castigos muy severos debido a la gravedad de los delitos que se les imputan.
El escrito de acusación incluye también al amigo de Zaplana y supuesto testaferro Joaquín Barceló y a su número 2 en la Generalitat, Juan Francisco García. Estos, junto con su secretaria personal, Mitsuoko Hernández, forman el núcleo duro de presuntos colaboradores del exministro en el caso Erial.
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