El PP acusa al Consell de alterar la ley para beneficiar al comprador de la sede del PSPV

Les Corts acogió ayer el debate de las enmiendas a la totalidad de la oposición (PP, Ciudadanos y Vox) contra la ley de medidas fiscales, la de acompañamiento a la del presupuesto del Consell para el año próximo. Desde hace décadas, la oposición, esté quien esté en ella, mira con lupa la ley de acompañamiento. Los gobiernos autonómicos acostumbran a 'colar' en ella modificaciones a todo tipo de leyes. Este año no ha sido una excepción y se cambiarán decenas de ellas. Según el PP, una de esas alteraciones legislativas (en cuanto a la ley del juego y a las máquinas tragaperras que hay en los bares) servirán para beneficiar al comprador de la sede del PSPV tras una venta muy por encima, siempre según los populares, del precio de mercado. Desde el Botánico se considera que el PP ha retorcido al máximo la actuación del Consell para intentar hacer ver una intención inexistente. Desde la Conselleria de Hacienda se indica que la modificación legal beneficiará «indirectamente a los responsables de locales de hostelería y restauración», ya que bonifica a los operadores de máquinas recreativas: «los explotadores de las mismas van a dejar de pagar este impuesto y, por tanto, tampoco se los repercutirán a los hosteleros».

Entre esos beneficiados está el comprador de la sede del PSPV, una mejora de una ley aprobada hace medio año, tras durísimos debates en los que, precisamente, ese comprador, se situó muy en contra de las tesis del Botánico, que finalmente se impusieron. Según el PP, la operación de compraventa de la sede socialista se saldó con un precio muy inflado a favor de los socialistas, y el cambio legal compensaría al comprador.

La diputada del PP Eva Ortiz defendió que la ley de acompañamiento «no solo sube impuestos», sino que «sube las tasas sanitarias, a los opositores y a los parados» y afirmó que las «pocas bonificaciones» que incluye son «ximoarreglos», una derivada de los conocidos 'ximoanuncios', tal y como en su día Podemos bautizó el modo en que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, anticipa todo tipo de medidas pendientes de aprobar por el Gobierno de coalición entre PSPV y Compromís, y desde 2019 los propios podemistas.

Ortiz aseguró que las bonificaciones de tasas benefician a «una naviera del sur de la Comunitat cuyo director de expansión es un exasesor de Puig». Sin nombrarla, se refería a Baleària, propiedad de Adolfo Utor, amigo personal de Puig y en la que ahora trabaja José Manuel Orengo tras su paso por la política, donde fue número tres de Puig en el PSPV.

La dirigente popular también arremetió contra la posibilidad de contratar a dedo apelando a la pandemia. Ortiz recordó que de ese modo se han tramitado contratos de publicidad institución por valor de varios millones de euros a través de Presidencia, y se apostó «un café» a que «de nuevo» se verán beneficiado «familiares de Puig y sus amigos» por las futuras tramitaciones. La diputada del PP recordó la enmienda del Botánico que sorteará a la oposición para elegir al presidente de À Punt y recordó que la bonificación para explotadores de las máquinas tragaperras repercute en firmas como la empresa que compró la sede del PSPV «muy por encima del precio de mercado».

«Tiene que ver con los amigos del Botànic», incidió Ortiz, quien relató que la sede del PSPV en la calle Blanquerías de Valencia fue vendida por 5,8 millones de euros una cantidad «muy, muy, muy superior» al precio de mercado. El edificio lo adquirió a finales de 2017 Myr Hoteles, del grupo valenciano Comatel, uno de los mayores distribuidores de máquinas recreativas del mercado español. La popular se preguntó por qué ahora «todos los valencianos tenemos que pagar la sede de los socialistas», cuando un peritaje del edificio sitúa su valor en «3'6 millones» durante los meses en que se realizó la operación, según el análisis que realizó para el PP la empresa de valoración y tasación Euroval.

El síndic socialista, Manolo Mata, señaló que «el señor ese» que compró la sede del PSPV (se refiere a Fidel Molina) se reúne más con el PP, «un día sí y un día también», que con el PSPV, ya que es «el presidente de SOS Hostelería y quiere acabar con nosotros, nos quiere matar». Mata resumió así la tormentosa relación de Molina con los socialistas a cuenta de la aprobación de la ley del juego, que ahora será modificada. Hasta el inicio de la pandemia, un 60% de los 34.000 bares y restaurantes de la Comunitat disponen de tragaperras y muchos de ellos, alrededor de un 20%, subsisten gracias a ellas, según la plataforma de hostelería que lidera Molina.

Desde la Conselleria de Hacienda se aseguró ayer que el cambio de la ley pretende resolver «una contradicción legal porque como consecuencia del Decreto-Ley del Estado de Alarma de marzo se exigía que su explotación se mantuviera en el segundo semestre, pero en cambio la ley del juego no permite las nuevas autorizaciones». Se exime a los bares de mantener las máquinas para ser beneficiario de las bonificaciones. De tal modo que la medida «beneficia indirectamente» a los bares, «puesto que los explotadores de las mismas van a dejar de pagar este impuesto y, por tanto, tampoco se los repercutirán a los hosteleros».

Las duras acusaciones del PP, al igual que las realizadas por Ciudadanos o Vox en la defensa de sus enmiendas, incidieron en la contradicción que ha supuesto la resistencia inicial del PSPV a implantar la reforma fiscal que finalmente accedió a negociar con Podemos y Compromís. Esa difícil relación entre nacionalistas y socialistas, la desconfianza reinante en el Consell, fue resaltada una y otra vez por los partidos de la oposición en sus críticas a una ley que consideran que facilita subir impuestos. Desde Ciudadanos, que sigue negociando el presupuesto con el Consell, la ley de acompañamiento incluirá «una patraña de reforma fiscal», según Tony Woodward, y eso que el diputado de Ciudadanos fue comedido en relación a Ortiz, que intervino con pilas de alto voltaje.