A. Rallo
Miércoles, 31 de enero 2024, 07:10
El juicio de Erial, la investigación abierta por una supuesta fortuna oculta de Eduardo Zaplana en el extranjero y las acciones y estrategias de una serie de colaboradores para repatriar ese dinero, verá reducida la nómina de acusados. Al menos la de aquellos que defenderán ... su inocencia.
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La Fiscalía Anticorrupción, única acusación del caso, ha llegado a un principio de acuerdo de conformidad con varios acusados. El previsible retraso del juicio hará que esa colaboración con la Justicia se dilate en el tiempo.
Los procesados reconocerán su culpabilidad en parte de los hechos que se les imputan y, a cambio, se benefician de una importante rebaja de la pena. Estas personas son, en su mayoría, relevantes dentro del supuesto entramado delictivo.
En algunos de esos supuestos, el acuerdo implicaría que no tendrían ni que ingresar en prisión, según la información que maneja LAS PROVINCIAS. Esa conformidad dependerá fundamentalmente de la declaración que presten en la vista, una fórmula que ya ha empleado el fiscal en otros procesos derivados de Imelsa.
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Un juicio que, por otra parte, corre el riesgo de aplazarse por una operación de urgencia a la que se tuvo que someter el letrado del expresidente. De hecho, Zaplana insistió ayer en esta cuestión. Presentó un escrito en el que pide la suspensión de la vista. Cualquier abogado sustituto necesitaría de un tiempo extra para conocer la causa. La Audiencia, no obstante, mantiene la fecha de inicio para este próximo jueves. Pero parece complicada una salida diferente a la del aplazamiento.
El contenido de esas conformidades puede incluir afirmaciones que impliquen directamente al expresidente. Es decir, este tipo de pactos habitualmente implica que se reconozcan que determinadas acciones se hicieron por orden o en interés de un tercero.
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Zaplana, acusado de los delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, falsedad en documento oficial y mercantil y prevaricación administrativa se enfrenta a 19 años de prisión. Su delicada situación procesal, tras estos pactos, se vuelve algo más complicada.
LAS PROVINCIAS ya informó hace meses de los movimientos de Juan Francisco García para obtener un acuerdo de estas características. Pero los tiempos no eran los adecuados. Los pactos de conformidad, que no resultan excepcionales en causas de esta naturaleza, se maduran durante semanas y meses y sólo en los últimos momentos, cuando apenas restan días o incluso horas se terminan materializando.
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Zaplana y otro grupo de acusados, no obstante, se mantendrían firme en sus argumentos de defensa. El expresidente sostiene desde el inicio de la causa que jamás tuvo dinero en el extranjero, que no cobró comisiones de ningún tipo y que los bienes que la investigación le atribuye no son suyos sino de sus colaboradores.
La investigación, en origen, salpicó a Zaplana y hasta 19 de sus colaboradores. En esa lista, finalmente, figuran nombres tan conocidos en el círculo del expresidente y exministro como el de Joaquín Barceló. amigo íntimo y presunto testaferro; Francisco Grau, su asesor fiscal o Mitsouko Enríquez, su secretaria de toda la vida. Este trío se enfrenta a ocho años de cárcel.
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Junto a ellos, relevantes personajes de la escena empresarial valenciana como José y Vicente Cotino (les reclaman 14 años) o el expresidente José Luis Olivas, acusado de cobrar una comisión de medio millón de euros. El que fuera presidente de Bancaja afronta una petición de seis años de prisión.
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