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LAS PROVINCIAS adelantó durante la mañana de este pasado jueves que el TSJ anulaba la multa que Oltra impuso al centro de menores de las religiosas de Segorbe. La vicepresidenta, preguntada horas más tarde, aseguró no poder realizar una valoración rigurosa de la situación ... por no disponer de la sentencia. Oltra, consellera afectada por la resolución judicial, afirmó que el escrito no había llegado a instancias de la Generalitat.
Pablo Delgado, el abogado que ha representado al centro de menores, explicó en Noticias 8 Mediterráneo que la sentencia fue notificada el 16 de diciembre de 2021 y, por tanto, Oltra debería ser conocedora de la misma. Pero, según la vicepresidenta, esto no se había producido. Tras estas declaraciones se planteaba un escenario difícilmente comprensible. ¿Qué había ocurrido?
La información consultada por LAS PROVINCIAS permite concluir que la Abogacía de la Generalitat fue notificada del fallo el pasado 17 de diciembre. Pero el cauce comunicativo no se limitó únicamente a este aviso. Unas semanas más tarde, se le volvió a dar traslado de otro trámite judicial. En este caso, la denegación de una aclaración que había pedido la orden religiosa. Esto ocurrió el pasado 13 de enero. Es decir, en dos ocasiones recibieron avisos de este delicado asunto. Por el contrario, fuentes cercanas a Oltra insistían este sábado en que la Abogacía de la Generalitat no había recibido nada, al reiterarles la consulta tras lo publicado por este periódico.
Esta demora puede afectar incluso a los plazos para recurrir el fallo si todavía mantiene la Generalitat que actuó correctamente en este asunto. Porque estos supuestos problemas de la Administración, cuando el fallo está legalmente notificado, no sirven de excusas en los cómputos legales.
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La vicepresidenta decidió cerrar esas instalaciones de Segorbe por un informe de la Inspección que alertaba de graves deficiencias. Posteriormente, desde Les Corts, difundió sospechas de los abusos de un monitor. Oltra incluso ofreció en el Parlamento datos que permitían identificar a este profesional. Finalmente, la Justicia absolvió al monitor. Y, desde entonces, todas las condenas judiciales han sido para la actuación de la conselleria. La primera, por el traslado de los internos. El TSJ le afeó la «grave infracción del ordenamiento jurídico» por la decisión unilateral de trasladar a los tutelados del centro de Segorbe a otros emplazamientos sin un acto administrativo que lo avalara. El Tribunal Supremo no admitió ni siquiera el recurso de la Administración. Y ahora, la más reciente, la anulación de la multa de 15.000 euros y el cierre de las dependencias durante tres años, por no cumplir los plazos recogidos en el procedimiento administrativo.
«Una cosa es cuando se notifica la sentencia y otra cuando llega (a la conselleria)», advirtió el pasado viernes Oltra. La vicepresidenta admitió que eso son «los trámites procelosos de nuestra Administración. Cuando se pueda leer y estudiar haremos la valoración». Fuentes de la conselleria aseguraron que habían preguntado a la Abogacía de la Generalitat por el fallo judicial, tanto el jueves al ver el periódico como antes de que la propia Oltra asegurase, de nuevo, que no disponía del auto judicial.
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No es la primera vez que «los trámites procelosos de nuestra Administración» generan una evidente disfunción entre la realidad y la burocracia. La propia Oltra, en el último (y único) pleno de Les Corts celebrado en lo que va de año, acusó al PP de vagos porque, según les afeó, ya contaban con la documentación que los populares le habían reclamado. Eso ocurrió el jueves 10 de febrero. La consellera se refería a la documentación relativa a los expedientes de menores que han sufrido agresiones sexuales de algún tipo, lo que ha propiciado que los protocolos de la Administración se activasen. Oltra aseguró que había remitido ese informe a Les Corts el 9 de febrero.
Desde la bancada de la oposición, durante el debate, la síndica del PP, María José Catalá, comenzó a señalar hacia la presidencia de Les Corts en el hemiciclo. Es decir, a la Mesa del parlamento valenciano, donde se recibe esa documentación. El grupo parlamentario popular anunció el pasado martes por la mañana que acababa de recibir los informes reclamados. Habían pasado seis días desde que la Conselleria la remitiese a la Cámara la documentación. Seis días en un mismo edificio y con despachos separados por apenas unos cientos de pasos.
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