El caso Alquería precipita la refundación de Divalterra

El titular del juzgado de instrucciónnúmero 9 de Valencia dictó lunes auto de apertura de juicio por el caso Alquería. La decisión que llevará al banquillo de los acusados, previsiblemente ya en 2022, al expresidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, y a otras 14 personas es, junto a la deslealtad de algunos nuevos directivos, la gota que colma el vaso en Divalterra. El actual presidente de la institución, Toni Gaspar, tiene previsto presentar esta semana su proyecto de refundación de la mercantil. Una propuesta de cambio de estatus jurídico de la empresa que, al mismo tiempo, acabe con su reiterada vinculación con la corrupción y los chanchullos.

En realidad, el debate respecto al cambio de personalidad jurídica de esta mercantil no es nuevo. El propio Rodríguez ya lo puso sobre la mesa a finales de 2016, antes de que Alquería le salpicara de lleno. Divalterra no sólo era entonces heredera de Imelsa —y de la causa de corrupción asociada a su nombre–. Uno de sus gerentes, Víctor Sahuquillo, acababa de ser destituido tras cargar a la empresa gastos de bebidas alcohólicas y después de la polémica contratación de una empresa creada sólo quince días antes.

Lo que se planteó entonces, y subyace en los cambios que ahora se perfilan, pasaba primero por separar a los brigadistas –con una plantilla de casi 600 profesionales– del resto de áreas de la empresa, que componen un centenar de empleados más. Mientras estos últimos se mantendrían adscritos a la Diputación, las brigadas forestales se adscribirían al Consorcio Provincial de Bomberos que componen la propia Diputación y la Generalitat.

Rodríguez -admite su entorno-pactó la operación con la vicepresidenta de la corporación, Maria Josep Amigó. Pero el bloqueo llegó de la mano del entonces diputado de bomberos, Josep Manuel Bort, que asumió el criterio de un cuerpo tan especializado como éste, poco partidario de ver modificada su situación con la eventual llegada de un volumen de personal tan elevado como el de los brigadistas. Los sindicatos también pusieron el grito en el cielo ante el mero planteamiento de ese escenario, conscientes de la recomposición de mayorías que implicaría la adscripción de los brigadistas.

Gaspar, a su llegada a la presidencia de la Diputación en 2018, también se mostró decidido a intervenir en Divalterra. Se llegó a hablar de «cierre ordenado», primero, y de «transformación» después. El máximo responsable de la corporación provincial encargó informes al Interventor, José Enrique Galcerán y al Secretario de la Diputación, Vicente Boquera, consciente de que había que buscar una solución, porque el formato de sociedad anónima mantenido desde Imelsa y en Divalterra no había dado resultado.

El interventor, igual que el responsable jurídico de Divalterra, José Luis Vera, se decantó por la fórmula del organismo autónomo, casi como una filial de la Diputación, a imagen del Patronato de Turismo. «Lo que entonces se consideró como una opción, ahora es ya una obligación legal», admite una fuente de la empresa provincial, porque es una falacia llamarla sociedad anónima, Divalterra no genera ingresos ni compite en el mercado, no es una sociedad mercantil.

La única voz que se antoja discrepante con la de convertir la empresa en organismo autónomo es la del secretario de la corporación, que se decanta, según las fuentes consultadas, por constituir una Entidad Pública Empresarial Local (EPEL), un híbrido a mitad de camino entre el organismo autónomo y una SA pública, -«esto no es más que un pastiche, en definitiva más de lo mismo», señalan las fuentes jurídicas consultadas-. A diferencia de ésta, que se rige por el derecho privado y mantendría un consejo de administración, el organismo autónomo atiende al derecho público y el control por parte de la Diputación sería directo. Sería también más del gusto de los propios trabajadores, más protegidos por el derecho público.

Gaspar tiene sobre la mesa esas dos opciones. Pero también una tercera, que en realidad las completa. Las brigadas forestales son una competencia impropia de la Diputación de Valencia -ninguna otra provincia de España tiene un servicio de estas características adscrito a la corporación provincial-. En realidad, el servicio debería estar adscrito a quien tiene las competencias de prevención y extinción de incendios, que es la Generalitat. Esto permitiría definitivamente dar el paso a una necesaria mejora en la operativa de la lucha contra incendios, con un centro unificado. La administración autonómica, y en particular el director de la Agencia de Seguridad y Emergencias, José María Ángel, se ha mostrado partidario de esa decisión. Eso sí, tal y como se asume desde la corporación provincial, ese cambio no sustraería a la corporación provincial de atender el coste, en materia de personal, del cuerpo de brigadistas. «La Generalitat no tiene ni un euro», se reconoce. De hecho, ese escenario aconseja, como proceso en paralelo a la conversión de la mercantil en organismo autónomo, una reordenación de la plantilla que permita reducir costes, y que centre el objeto social del nuevo organismo exclusivamente en las brigadas forestales.

Llegados a este punto, Divalterra se ha encontrado con un nuevo frente abierto de polémica. El concurso público para la selección del nuevo responsable de Recursos Humanos de la empresa pública no sólo ha retratado la minoría en la que se encuentra el presidente del consejo de administración, el diputado Ramiro Rivera -que el jueves tuvo que solicitar formalmente ayuda a la junta general para desbloquear el proceso-. También pone sobre la mesa más de una docena de irregularidades, denunciadas por Vera, que retratan que las mangarrufas -en palabras de un alto responsable de la Diputación- se mantienen en Divalterra, aún cuando ahora son técnicos, y no políticos, quienes la dirigen.

Con este escenario sobre la mesa, Gaspar ha convocado para el martes pleno extraordinario de la Diputación -a las 8.30 horas- y junta general de Divalterra. La cita, según las fuentes consultadas, podría derivar en la destitución del actual consejo de administración y el nombramiento de uno nuevo (que podría ser la propia junta de gobierno de la corporación provincial). Si se reconocen las irregularidades en el proceso de selección del responsable de Recursos Humanos, la destitución del gerente parecen cantadas.

Y a partir de aquí, las gestiones para reordenar la empresa, adaptar a la nueva realidad de organismo autónomo la normativa jurídica y de contratación, así como el plan contable y financiero. Tanto si la firma se mantiene adscrita a la Diputación, como si pasa a la Generalitat, la conversión de la sociedad anónima en organismo autónomo, y con ello la desaparición del consejo de administración, parecen garantizadas. También está garantizada la continuidad de los puestos de trabajo.