La amnistía se cuela en la agenda valenciana

Waterloo y poder no son referencias casuales. El líder de Junts, Carles Puigdemont, mantiene en vilo al PSOE con sus nuevas exigencias para ceder los votos de su partido a Pedro Sánchez. Habrá acuerdo casi con toda probabilidad, aunque el hecho de que no se haya producido ya, a diferencia de lo que ha ocurrido con ERC, ha dado alas a los movimientos antiamnistía. Este viernes Madrid y Valencia fueron escenarios de distintas protestas. En la capital valenciana José Luis Rodríguez Zapatero y Ximo Puig fueron abucheados.

Puigdemont ha querido desmarcarse del pacto suscrito por el PSOE y ERC, consciente de que más allá de los votos de la investidura, su partido se la juega también en las elecciones autonómicas catalanas. Los republicanos de Junqueras ya exhiben la cesión integral de las Cercanías y la condonación de 15.000 millones de euros de deuda con el Estado –más otros 1.300 millones de intereses– como botín arrancado a los socialistas a cambio de sus votos.

El líder de Junts necesita subir su precio, y por eso tensa la cuerda. No puede sacar menos que los republicanos. De momento ha optado por retrasar el previsible acuerdo. En la negociación, aseguran, Puigdemont ha pedido «no dejar atrás a ningún soldado». De ahí que presione para que la redacción de la ley de amnistía dé encaje al perdón penal de casos tan variopintos como el de la expresidenta del Parlament Laura Borrás –condenada por falsedad documental y prevaricación–, el del abogado de Puigdemont Gonzalo Boye, los Pujol y, ni que decir tiene, todos aquellos implicados en el procés y en los desórdenes públicos que el 1 de octubre de 2017 derivaron en una batalla campal en las calles de Barcelona.

Puigdemont aprieta, al estilo de aquella declaración del expresidente catalán Quim Torra a los CDR –«apreteu, apreteu», les dijo–, pero probablemente no ahogue. O sí. Algunos voces del PSOE se han alzado para avisar de la deriva que emprende el partido para poder sacar adelante la investidura de su líder. Lo ha hecho el líder castellano-manchego, Emiliano García Page, y se han sumado voces del PSOE navarro y madrileño. No es un movimiento ni mucho menos mayoritario, pero es cierto que el criterio en contra mostrado por referentes históricos como Felipe González tras la fotografía del número tres socialista, Santos Cerdán, en Waterloo con Puigdemont –con la imagen de la urna del 1-O y la algarabía de sus impulsores acompañando la cita– se ha abierto paso, especialmente entre quienes observan el debate político desde la distancia, quizá porque ya no forman parte de la primera línea política y su futuro más inmediato no depende necesariamente de la formación de Gobierno.

En el seno del socialismo valenciano también se han detectado algunas voces en ese sentido. Aunque Puig participó este viernes en Valencia junto a Zapatero en un acto de defensa del acuerdo del PSOE con Sumar y con el resto de partidos para hacer posible la investidura de Sánchez, el pasado jueves admitía que la amnistía no era «una salida perfecta». Y eso que Puig está considerado como uno de los más fervientes defensores de la medida.

En todo caso, en el PSPV hay voces que en privado expresan sus dudas respecto al acuerdo con el independentismo catalán. Temores relacionados con el propio perfil de Puigdemont, y con la trayectoria que le ha acompañado a lo largo de sus años en la primera línea política. «Yo aún no las tengo todas conmigo, Puigdemont no es de fiar y la puede liar perfectamente», admite quien ha sido uno de los más destacados cargos del socialismo valenciano. «La noche que huyó habló con muchísima gente. A todos les dijo que convocaba elecciones y se pasaba de pantalla. Lo que hizo fue huir», se recuerda. La actitud que ha adoptado el prófugo en esta parte de la negociación recuerda mucho a esa actitud. Y lo que es peor, nadie puede asegurar que, incluso aunque acabe votando sí a la investidura, no vaya a mantener durante toda la legislatura esa actitud amenazante hacia el Gobierno. Porque los siete votos de Junts en el Congreso serían determinantes para sostener al Gobierno de Sánchez.

A lo largo de la jornada de hoy se conocerá el resultado de la consulta realizada por el PSOE a la militancia de su partido respecto a los pactos para la investidura. Y el sí se impondrá de forma abrumadora. De eso no hay duda. Otra cosa es el convencimiento de que lo que está teniendo que ceder el partido para asegurarse esa investidura tensiona al máximo los límites de la separación de poderes. «Se va a votar que sí, pero se va a hacer con una mano tapando la nariz».

«El que se mueva no sale en la foto», se recuerda que dijo en su día Alfonso Guerra. Y la expresión vale para la situación generada ahora. «Mejor un Gobierno del PSOE que uno de las derechas», se proclama. Eso sí, «este envite es demasiado fuerte».

El socialismo valenciano admite que Puigdemont tiene las riendas de un partido, Junts, en el que se distinguen con meridiana claridad dos almas, como si de dos direcciones distintas se tratara. Una, la que encabeza el propio expresident catalán fugado de la Justicia, encantada de mantener esa retórica de la independencia, la consulta sobre la autodeterminación y el unilateralismo, con dirigentes como Jordi Turull o Toni Comín acompañando al expresidente. La otra, mucho más pegada a la tierra, más posibilista, que compatibiliza el discurso soberanista con el marco constitucional y el Estado de Derecho.

En todo caso, la conclusión no puede ser otra. El pacto con Junts es una especie de 'mal menor' para sacar adelante la investidura. «Cuando se pase (Puigdemont) habrá que convocar elecciones».

Que la amnistía se ha colado en la agenda valenciana lo demuestran los acuerdos alcanzados por el PSOE y ERC para certificar el apoyo republicano a la investidura de Sánchez. La situación financiera de Cataluña encuentra algunos paralelismos con la valenciana, aunque los motivos sean distintos. La Comunitat es la segunda autonomía con más deuda pública –57.000 millones de euros–, sólo por detrás de Cataluña. Y es la que más números rojos acumula en términos relativos a su PIB. La segunda es... Cataluña.

Eso sí, una de las dos regiones está infrafinanciada –la Comunitat– y la otra no. La condonación del 20% de la deuda de Cataluña generada por los préstamos del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) ha levantado en armas a los gobiernos autonómicos presididos por el PP. El que encabeza Carlos Mazón ya ha advertido que no tolerará un trato distinto para Cataluña del que reciban el resto de regiones, consciente de que, en realidad, ya lo está recibiendo. Y el ministerio de Hacienda ya ha dejado entrever que ese porcentaje del 20% de condonación de la deuda catalana no tiene por qué repetirse con el resto de autonomías, porque dependerá de la estimación que se haga del impacto de la crisis de 2008 en cada una de ellas. El líder del PP Alberto Núñez Feijóo aprovecha este domingo en Valencia esa nueva patada a la Constitución.

Y luego están las Cercanías. El pacto con ERC prevé la cesión integral de las competencias sobre la red en Cataluña. La misma cesión de competencias que en 2021 reclamó Ximo Puig para la Comunitat. Una petición que, como tantas otras, cayó en saco roto. Ni traspaso de competencias, ni mejora en las frecuencias de paso, ni modernización de vías... Y mientras tanto, el Plan de Cercanías aprobado en 2017 por un valor de 1.400 millones de euros aún se encuentra a poco más del 20% de ejecución. El PPCV ya lo ha dicho: competencias no, pero el plan cuanto antes.