Los antecedentes del pitufeo en el Supremo: los trajes de Camps y los sobresueldos en el Puerto

El anuncio del recurso de la Fiscalía Anticorrupción al cierre del caso del pitufeo abre un escenario con numerosas incógnitas. No es la primera vez que un archivo precipitado, a juicio de la acusación, deriva en un recurso al alto tribunal para tratar de forzar una reapertura de las diligencias.

La Comunitat cuenta con dos antecedentes muy singulares de sobreseimiento libre -inexistencia de delito- que terminaron en el Tribunal Supremo. Sin duda, el más conocido, el de los famosos trajes de Francisco Camps que la Fiscalía y el PSPV sostenían que procedían de regalos de la trama Gürtel.

El Supremo forzó la reapertura y el expresidente terminó en el banquillo de los acusados. Meses antes decidió renunciar para que el máximo representante de los valencianos no fuera juzgado. Un jurado popular lo declaró no culpable.

Era el 13 de mayo de 2010 cuando se conoció la reapertura del sumario. De la Rúa, José Francisco Ceres y Juan Montero conformaron la Sala que decretó el archivo, un sobreseimiento libre, unos meses antes pese a la oposición de Montero que abogó por seguir la investigación. El magistrado José Flors había sido el instructor del sumario. Tras la decisión del Supremo, el futuro judicial de Camps se complicaba. El desenlace forma parte de la historia judicial y política valenciana.

Hubo un intenso debate en aquel tribunal acerca de decretar un sobreseimiento libre o uno provisional. La realidad es que políticamente a Camps le interesaba el libre porque podía exhibir ante la sociedad la inexistencia de delito en los hechos denunciados. Pero judicialmente, lo que a la postre terminó por destruir su carrera política, le hubiera beneficiado más un archivo provisional, un cierre por la falta de indicios y con una posibilidad remota de reapertura en el caso de la aparición de nuevas pruebas. En ese supuesto no se podía recurrir.

Unos años más tarde, otro recurso a un sobreseimiento fue a parar al Tribunal Supremo. En un caso similar al del pitufeo, pero de nuevo con un sobreseimiento libre, la sección Segunda de la Audiencia se cargaba toda la investigación al presidente del Puerto de Valencia por el cobro indebido de sobresueldos y las graves irregularidades en la adjudicación de obras en el recinto. El Tribunal Supremo, meses más tarde, ratificó el archivo y validó la tesis de la Audiencia. No hubo un concierto previo entre el entonces presidente Rafa Aznar y otros altos directivos procesados para embolsarse sueldos fraudulentos.

Anticorrupción pretende llevar al alto tribunal la decisión de los magistrados respecto al pitufeo. Pero se encuentra con un problema. El sobreseimiento es provisional y, por tanto, no admite recurso. El fiscal anunció pese a todo su intención de presentarlo y la Sala le frenó por ser contrario a la legalidad vigente.

La postura de la acusación es que la Sala argumentó un sobreseimiento libre para terminar decretando uno provisional. En el auto que archiva la causa al PP -sirva como anécdota- habla de aceptar el sobreseimiento libre que pide el partido, pero en la parte dispositiva lo cambia a provisional.

El recurso de queja permite que un tribunal superior evalúe la actuación de los magistrados de la Audiencia. Y en primer lugar resolver acerca de si procede admitir o no la queja. Este es un procedimiento que dura mínimo un par de meses. En caso afirmativo -algo poco probable, según algunas fuentes consultadas-, el alto tribunal corregiría a la Audiencia.

Esto daría pie al fiscal a presentar su recurso al Tribunal Supremo donde ya entonces se analizaría el fondo del asunto. De entrada, aparecen demasiadas barreras para superar y que la intención de Anticorrupción prospere. En cualquier caso, el recurso no lo elabora el fiscal asignado al caso sino un compañero del Supremo.

Además, este asunto tiene otra particularidad y es que el archivo de la causa no ha sido total. Únicamente se ha dado carpetazo a la parte del pitufeo, pero las irregularidades en las campañas electorales del PP en 2007 y 2011 siguen adelante. Alfonso Grau y Mari Carmen García Fuster, entre otros responsables, se sentarán en el banquillo por la financiación ilegal del PP.