Anticorrupción sugiere que Acción Cívica no puede acusar en Azud porque el director de Antifraude fue uno de los fundadores

Malos tiempos para las acusaciones populares. Acción Cívica es una organización que lucha contra la corrupción. Son parte en relevantes asuntos como el caso Alquería, la macrocausa de Imelsa o lo fueron en su momento en el caso IVAM y la corrupción de Consuelo Císcar. En su día, también lo intentaron con el caso Azud, la trama de corrupción que salpica a cargos del PP y del PSPV y que amenaza con destapar la supuesta financiación ilegal de los socialistas.

Sin embargo, el secreto de las actuaciones y la posterior carga de trabajo del juzgado les ha impedido recibir aún una respuesta del juzgado. La Fiscalía Anticorrupción, no obstante, adelanta en un informe cuál puede ser la posición respecto a este compañero en el bando de las acusaciones. Considera que existe un impedimento: el vínculo de Joan Llinares, director de la Agencia Antifraude, con Acción Cívica. Llinares estuvo en el germen de la entidad; fue uno de los socios fundadores.

Esta vinculación, según la tesis de Anticorrupción, podría afectar a la imparcialidad de los peritos de la Agencia Antifraude, que han sido designados para diferentes periciales en esta investigación sobre los procedimientos administrativos que se están investigando en el marco de unas diligencias que todavía mantienen cinco piezas bajo secreto.

La respuesta ha llegado en una impugnación de los peritos por parte de la defensa de la empresaria Mónica Montoro. El letrado planteaba que esa vinculación de Llinares con Acción Cívica -que aún no es parte en la causa-inhabilita a los funcionarios para efectuar cualquier dictamen.

El fiscal rechaza el argumento con varias ideas. Por un lado, que Llinares no es el perito sino los especialistas de Antifraude y que la Agencia tiene encomendada esa tarea de auxilio judicial. En última instancia, además, plantea que no se puede poner en duda la profesionalidad de los funcionarios y que, en todo caso, la decisión correcta sería la de excluir de la causa a Acción Cívica si consideran que ese factor, la vinculación con Llinares, «puede comprometer» la actuación de los especialistas que analizarán el proceso administrativo.

La juez ha rechazado las pretensiones de la defensa de Montoro. «Por lo tanto, aún cuando el director de la mencionada Agencia tuviera vinculación de cualquier clase con una determinada asociación, ello no implica en absoluto, que los funcionarios de la misma, incurran en causa alguna de incompatibilidad».

El adelanto de la posición del fiscal permite aventurar cuál será su criterio en el momento en que se deba resolver acerca de la admisión o no de Acción Cívica en la causa. La juez titular se encuentra de baja. Una juez sustituta ha asumido por el momento las diligencias. Quizá la respuesta a Acción Cívica no llegue hasta después del verano.

 

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