Anticorrupción arremete contra el juez por la nueva parálisis del caso Imelsa

Una agilidad en los primeros meses de las diligencias que posteriormente se traducía en insoportables esperas, la mayoría de las ocasiones, sin causa justificada. Todo esto finalmente constituyen ventajas para los propios investigados que comprueban cómo obtienen sin esfuerzo las atenuantes de dilaciones indebidas.

El juicio de algunas de estas piezas –la condena en el caso de los zombies o la absolución en el asunto del call center– pudo trasladar la idea de un cambio de ritmo en el trabajo del instructor. Pero nada más lejos de la realidad.

De hecho, el nuevo fiscal Anticorrupción que ha asumido las piezas que restan del caso Imelsa ha presentado ya al menos dos escritos en los que reclama e insiste en la reactivación del caso ante la incomprensible parálisis del titular.

Se trata, fundamentalmente, de la práctica de diferentes declaraciones. El problema no reside en que se denieguen, sino que ni siquiera se da respuesta la petición de la Fiscalía. Por ejemplo, una pieza sigue pendiente de que se incorporen las cantidades desviadas por Marcos Benavent en la fundación Jaume II el Just. Es, en concreto, aquella en la que se analizan los contratos bajo sospecha de la Concejalía de Cultura. Estas actuaciones controvertidas se centran en la ejecución de obras de limpieza, consolidación, restauración o mantenimiento de diversos monumentos de Valencia como la Lonja, las Torres de Quart y los puentes de Serranos y la Trinidad.

La Audiencia le obligó a incluir en esa pieza las cantidades indebidas que había recibido Marcos Benavent y su amigo Vicente Burgos, primer marido de la edil María José Alcón –se suicidó durante el transcurso de la operación judicial-. Pero el auto de procesamiento lleva más de un año parado sin incluir el mandato de la Sala. Una vez más se desconocen los motivos de este retraso. Pero la Fiscalía ya ha trasladado su malestar por esta incomprensible falta de diligencia.

No es esta la única queja de la acusación pública respecto al juzgado. Existen otros aspectos de las pesquisas totalmente olvidados. Por ejemplo, todo lo relativo al Plan de Inversiones de Instalaciones Deportivas de Césped Artificial de la Diputación de Valencia durante el mandato de Alfonso Rus.

Un informe de la UCO apuntaba «a la aparente existencia» de una serie de servicios «que habrían sido facturados y abonados doblemente por Imelsa, la empresa de la Diputación». El objetivo: camuflar el desvío de fondos. Pero pese a las diligencias que se pidieron hace ya meses siguen sin activarse las acciones solicitadas por la Fiscalía.

De igual modo, todavía restan otras dos partes de la investigación que arrastran un grado similar de 'pereza'. Una de ellas es toda la investigación sobre la supuesta fortuna en el extranjero de Rus, un expediente que, en realidad, se encuentra más cerca del archivo que de su continuación.

Y, aparte, también sigue en el juzgado sin un rumbo claro toda la investigación acerca de la financiación del Olimpic de Xàtiva. Las pesquisas han permitido, siempre de manera indiciaria, vincular sospechosas aportaciones económicas de empresarios con grandes contratos del Consistorio. Así, relacionan los cohechos con la adjudicación de las obras para cubrir la plaza de toros del municipio, la restauración de parte del convento Santo Domingo de Xàtiva o el contrato de recogida de basuras, así como una residencia de ancianos.

La sentencia del caso de los zombies fue demoledora en la evaluación de la actividad instructora del 18 de Valencia. «En tres años no se ha hecho absolutamente nada», recogía el fallo para justificar una rebaja en el castigo a los condenados. Fue la primera, pero, sin duda, no será la última.