Anticorrupción ofrece pactos a los acusados por los contratos de la Generalitat con la trama Gürtel

La acusación pública está planteando conformidades a buena parte de los procesados. Ese reconocimiento de hechos implica lógicamente una notable rebaja de la pena para los exdirigentes que alcancen ese acuerdo con anterioridad a la celebración de la vista oral, señalada para el próximo mes de enero.

El tribunal ha previsto 60 sesiones que se desarrollarán a lo largo de cinco meses. La última está fijada para el 23 de mayo. El proceso, no obstante, tal y como se ha planteado, coincidirá en el tiempo con la campaña de las elecciones municipales. El 28 de mayo los valencianos están llamados a las urnas.

Francisco Camps se sentará en el banquillo de los acusados. Es la pieza de caza mayor de toda la trama pese a que también figuran otros tres consellers como Alicia de Miguel, Luis Rosado y Manuel Cervera. Esta investigación fue reabierta a última hora, una vez ya terminada la instrucción, para incluir al expresidente entre la nómina de los acusados. Camps se enfrenta a dos años de cárcel, aunque siempre ha proclamado su inocencia. Será el segundo juicio de la trama Gürtel para el expresidente. Fue absuelto en el famoso caso de los trajes.

En este procedimiento existen dos grupos de acusados, fundamentalmente. Por un lado aquellos a los que se les imputa únicamente la prevaricación, cuya pena es inhabilitación. Algunas de las personas contactadas dentro de esta categoría habrían rechazado el ofrecimiento de Anticorrupción. Prefieren arriesgarse en el juicio y tratar de conseguir una absolución. El caso contrario, una condena por inhabilitación, no sería un contratiempo demasiado gravoso para ellos.

Resulta quizá más sencillo para la Fiscalía obtener conformidades en el otro grupo de afectados, a quienes se les reclama penas de cárcel. Ahí figuran, por ejemplo, la responsable de la Fundación La Luz de las Imágenes, Carmen Díaz Quintero (cinco años y seis meses) , el exsubdirector de Castelló Cultural Vicente Farnós (cuatro años y siete meses) y el ex director general de la empresa pública Vaersa Juan Miguel Bellver (siete años).

Además, Anticorrupción pide prisión para el jefe del área de Comunicación de Vaersa Antonio Santo Juan (siete años), para el exdirector del gabinete jurídico de Vaersa Joaquín Fernando Tomás Font de Mora (tres años) y para el exdirector de gabinete del Sepiva Enrique Bort (cuatro años). El ex alto cargo José Manuel Vidal, por ejemplo, también se enfrenta a seis meses. En alguno de estos supuestos, el ofrecimiento evita su entrada en la prisión, según las fuentes consultadas por LAS PROVINCIAS. Y aquí sí se pueden plantear más dudas acerca de la oportunidad de aceptar la conformidad.

EL PSPV está personado en la causa, no así la Generalitat valenciana que entendió que no se habían comprometido fondos públicos en todo este entramado supuestamente ilegal. El partido socialista, que desde el primer momento hizo de este asunto un motivo de disputa y enfrentamiento político, sí figura como acusación popular. No participa en estas cuestiones de pactos con la Fiscalía porque su posición, a efectos penales, carece de relevancia para oponerse a acuerdos de este tipo.