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Eduardo Zaplana, en el exterior de la Ciudad de la Justicia. j. signes

Anticorrupción negocia acuerdos con acusados en el caso Zaplana

Juan Francisco García, el número 2 del expresidente, se interesa por un acuerdo que reduzca su castigo penal

A. Rallo

Valencia

Jueves, 29 de septiembre 2022

El caso Erial, donde se investiga al expresidente Eduardo Zaplana por un supuesto cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones, se adentra en su fase decisiva. De momento, los procesados siguen pendientes de la decisión de la Audiencia acerca de si valida la instrucción y, ... con ello, la celebración del juicio.

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Con ese escenario, quizá el más probable, se abren otras puertas. Y la de la conformidad, un pacto entre acusación y defensa para reconocer los hechos a cambio de una considerable rebaja de pena, es una de las vías que se están explorando. Diferentes fuentes judiciales coinciden en señalar un nombre como uno de los que negocia actualmente un posible acuerdo. Se trata de Juan Francisco García, el que fuera número 2 de Zaplana y, sin duda, uno de los principales procesados en el caso Erial.

Los últimos informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil apuntalaban las sospechas sobre el alto cargo valenciano. En su caso, el rastro del dinero ha sido más sencillo de reconstruir. Su empresa familiar, Dobles Figuras, aparece como destino final de supuestas cantidades de origen sospechoso.

Durante años ingresó 10.000 euros mensuales por la presunta elaboración de una revista de comunicación interna de Sedesa, el conglomerado empresarial de la familia Cotino. Llama la atención que los pagos comienzan en el año 2003. Es decir, en fechas próximas a cuando las empresas en el extranjero comienzan a recibir las supuestas mordidas por las adjudicaciones de los parques eólicos y la privatización de las ITV.

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En esas firmas, creadas ex profeso supuestamente para canalizar las mordidas, se ingresaron cerca de dos millones. Una cantidad que regularizó aprovechando la amnistía fiscal del gobierno del PP. Las fuentes consultadas coinciden en señalar el nombre del interesado, pero discrepan acerca de dónde parte la iniciativa. En algún caso deslizan que la negociación existió, pero que no parece haber fructificado al menos en este momento. Tampoco descartan que las conversaciones se reanuden más adelante.

En realidad, el tiempo para una conformidad se agota el mismo día que comienza el juicio. Así que todavía quedan meses por delante en caso de que finalmente se celebre la vista. Lo de ahora, no obstante, demuestra el interés de algunos protagonistas por tantear esa posibilidad. En algún supuesto incluso deslizan que Juan Francisco García no es el único y que otros procesados también podrían explorar una salida lo más airosa posible a través de esta fórmula.

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El investigado recibió más de dos millones de euros en el extranjero de una empresa beneficiada por las adjudicaciones

La conformidad puede complicar o no la situación de otros investigados. Todo depende del contenido de la confesión. Por ejemplo, no es lo mismo que un investigado revele su participación en determinados hechos delictivos de manera individual a que confirme que formaba parte de un plan conjunto para el cobro de comisiones e incluya la participación de terceras personas. A los letrados tampoco les suele interesar airear de manera precipitada conversaciones en este sentido.

Las conformidades se pueden recoger antes de la celebración del juicio presentando un escrito en el que se reconozcan los hechos o bien se pactan unas condiciones previas condicionadas a lo que el investigado manifieste durante la vista.

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La juez de Erial dictó el auto de incoación de procedimiento abreviado, el equivalente al procesamiento, el pasado mes de junio. Pero, de momento, no se conoce todavía el escrito de calificación del fiscal. Quizá no se presente hasta que la Audiencia no ratifique los indicios de criminalidad. Las penas, no obstante, se prevén elevadas por la multiplicidad de delitos en la causa. Se trata de organización criminal, blanqueo, cohecho, prevaricación y falsedad documental.

La investigación salpica a Zaplana y a 19 de sus colaboradores. En esa lista figuran nombres tan conocidos en el círculo del expresidente y exministro como el de Joaquín Barceló. amigo íntimo y presunto testaferro; Francisco Grau, su asesor fiscal o Mitsouko Enríquez, su secretaria de toda la vida. Junto a ellos, relevantes personajes de la escena empresarial valenciana como José y Vicente Cotino o el expresidente José Luis Olivas.

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Todos formaban parte de un supuesto entramado que habría logrado hasta 10 millones de euros en comisiones, a cambio de favorecer adjudicaciones públicas. La cantidad de dinero, en realidad, es una cuestión confusa que varía según diferentes informes en la causa.

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