Rus y Caturla se enfrentan a 12 años de cárcel por el caso de los zombies

El caso de los conocidos como zombies en Imelsa y Ciegsa -personas que cobraban una nómina de empresas públicas pero o no trabajaban o lo hacían para el partido- ya está listo para juicio. La juez sustituta de Instrucción 18 de Valencia dictó ayer la citada resolución. No obstante, lo más relevante es el contenido del escrito de la Fiscalía Anticorrupción, con una severa petición de pena para los principales cabecillas de esta particular 'agencia de colocación'. En un primer segmento de los acusados, se sitúa el expresidente de la Diputación Alfonso Rus, su mano derecha Emilio Llopis y el que fuera consejero delegado de Ciegsa, Máximo Caturla. Todos ellos se enfrentan a 12 años de cárcel.

La Fiscalía considera que la «organización criminal» tenía como objetivo contentar políticamente determinadas voluntades, realizando para ello entre otras cosas, contrataciones ficticias de personal. Esto no respondía a un interés público, sino a ejecutar los favores políticos. Rus se servía de Máximo Caturla, consejero delegado de Ciegsa (la empresa de los colegios) y de Marcos Benavent, responsable de Imelsa. Por ejemplo, según la acusación, Rus dio orden de colocar a tres personas en Imelsa. Así se hizo con un jugador de fútbol del Olímpic de Xàtiva, un mujer que no tenía empleo y arrastraba problemas económicos y un amigo personal del entonces presidente, entre otras incorporaciones bajo sospecha. Todo estaba presidido por el afán de satisfacer «el clientelismo político y personal», subraya la Fiscalía. La investigación también ha permitido acreditar de manera indiciaria que el empresario José Adolfo Vedri aprovechó su amistad con Benavent para que la empresa pública pagara a dos de sus trabajadores. La Fiscalía pide cuatro años y medio de cárcel. También se le reconoce una atenuante de reparación del daño. Desde el inicio de la causa, el empresario ingresó las cantidades que se le reclaman por estos hechos.

La UCO también certificó el saqueo a los fondos públicos a través fundamentalmente del cobro de dietas indebidas. No hay justificación documental de esos gastos. Además, también se repartieron entre ellos la productividad, un complemento pensado para toda la empresa. Se acusa a Rocío Escrihuela, exresponsable de los Recursos Humanos, y a José Enrique Montblanch, financiero de la empresa pública. Ambos tienen unas peticiones de pena de seis años de cárcel.

También Marcos Benavent participó en esta operativa. El exgerente de Imelsa, principal colaborador de la Fiscalía Anticorrupción, se enfrenta a nueve años y medio pese a que se le reconoce la atenuante de confesión al admitir toda la trama y explicar los detalles a los investigadores.

Entre los zombies, destaca Raúl Mateo Balufo, exalcalde de Cofrentes y que fue contratado como zombie. Los responsables los incorporaban como brigadistas, el colectivo más importante de la empresa, pero ellos luego nunca acudían. Todos estos trabajadores se enfrentan a seis años de cárcel. En este grupo figura el asesor del PSPV Raúl Pardós, el exdiputado Salvador Enguix y el entonces diputado Rafa Rubio, hoy en prisión por el caso Azud y el cobro de comisiones.

Además, en el caso de Ciegsa, se da otra circunstancia. La empresa encargada de la construcción de colegios públicos, investigada en otra pieza por el amaño de contratos para el cobro de comisiones, alquiló un piso donde supuestamente trabajaban los zombies. Y una plaza de garaje. Más gastos a cuenta de la sociedad pública.

La instructora ha abierto juicio oral por delitos de pertenencia a organización criminal y delitos continuados de malversación, prevaricación administrativa y falsedad en documento oficial cometidos por funcionarios públicos y particulares. La Audiencia juzgará el caso. De momento, reclaman a los acusados más de cuatro millones de euros de indemnización.