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La Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada pide 21 años de cárcel para el exconseller y exdelegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Serafín Castellano, como supuesto autor de los delitos de falsedad en documento público, cohecho, malversación y asociación ilícita en ... el denominado como caso del cártel del fuego, con un total de 17 acusados y 14 responsables civiles. Una causa que afecta a empresarios y cargos políticos de varias CCAA, motivo por el que el escrito de fiscalía se presenta ante la Audiencia Nacional.
El escrito de Anticorrupción, al que ha tenido acceso este diario, relata los hechos delictivos que afectan a los empresarios procesados, y cómo se produjo una «asociación de personas y empresas del sector vinculado a la extinción de incendios que, con previos pactos clandestinos y ánimo de lucro, imponían a las administraciones contratantes precios superiores de los que derivarían de la libre y transparente concurrencia y ello mediante el reparto fraudulento del mercado; la licitación por parte de los asociados acusados con turnos y ofertas previamente pactadas entre ellos o, mediante la concurrencia de uno solo de los concertados, al tipo o con bajas insignificantes«. Entre los acusados, Vicente Huerta, del grupo Avialsa.
A los cargos políticos, por su parte, les responsabiliza de «la adopción de decisiones, resoluciones y comportamientos en el seno de la administración pública contrarias a las exigencias de la normativa y causantes de daño en los caudales y erario públicos». De hecho, detalla que «acusados integrados en las empresas indicadas se concertaron con varios funcionarios y autoridades con la finalidad de defraudar a las administraciones públicas y lucrarse a costa de estas. En este sentido, además, Vicente Huerta Domínguez realizó regalos y dádivas a tal fin».
¿Qué regalos? Por lo que respecta al exconseller Castellano, Fiscalía detalla «cacerías, monterías, hospedajes, viajes, material cinegético, dinero en metálico y otros presentes (baúles con jamones 5J y similares), ora personalmente, ora a través de las sociedades vinculadas con Vicente Huerta Domínguez». Añade que los regalos se tradujeron en múltiples cacerías y monterías; en material para las actividades cinegéticas (se cita un rifle Browning) y en elevados servicios de hostelería y restauración, prestados a partir de 2007 y que «consistieron en hospedajes en establecimientos hoteleros como el parador nacional de Albacete, el Hotel Villagadea de Altea en Alicante, el Hotel Beatriz de Albacete & Spa…, así como en cenas y comidas, servicios de catering y similares».
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«El importe de los presentes y regalos en favor Serafín Castellano Gómez, su cónyuge, Nuria Fundamento Rioja y sus invitados, ascendió a no menos de 167.177,02€ a lo que deben añadirse puntuales entregas de dinero para gastos como aconteció en diciembre de 2010 en que Vicente Huerta Domínguez, a petición del propio Serafín, ordenó entregarle 5000€ en metálico, con ocasión de un viaje que a continuación el conseller acusado realizó con su cónyuge y unos amigos pernoctando nuevamente en el parador de Albacete», se detalla.
Castellano, sostiene Anticorrupción, «intervino, en el seno de la administración regional, en la adopción de cuantas iniciativas, decisiones y acuerdos económicamente beneficiosos para Vicente Huerta Domínguez y sus sociedades vinculadas, este le solicitaba. Formalizó numerosas resoluciones en su condición de conseller en favor de Huerta y sus sociedades, sin desestimar nunca petición alguna formulada por este último ni, pese a su íntima relación, abstenerse».
Para Huerta Fiscalía pide 33 años y seis meses de cárcel por los delitos de falsedad, cohecho, malversación y asociación ilícita. Además, «los acusados Vicente Huerta Domínguez y Serafín Castellano Gómez deberán indemnizar, conjunta y solidariamente entre sí, a la Generalitat Valenciana en 904.407,28 euros».
Entre los acusados se encuentra también Javier Hidalgo Mora, hijo de Pedro Hidalgo Caballero, ya fallecido, quien fuera director general de Interior en la Conselleria de Justicia y por cuya actuación obtuvo un beneficio económico su hijo. Fiscalía relata que Huerta Domínguez «era informado (por Hidalgo) acerca de las iniciativas y vicisitudes de los expedientes de contratación, así como de la forma de proceder en los mismos para percibir facturaciones injustificadas e indebidas.
A cambio, Hidalgo recibió, para uso y matriculación a nombre de su hijo, un Volkswagen Touareg V10 TDI full equipe, vehículo valorado a su entrega, en no menos de 46.742,60 euros (había sido adquirido, el 3-3-04, por AVIALSA y para uso exclusivo del propio Vicente Huerta Domínguez, por precio de 86.400 euros).
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