Anticorrupción pide 20 años de cárcel al cabecilla de la última trama del clan Blasco

La ristra de delitos es la habitual de las grandes tramas: prevaricación, falsedad en documento público, malversación, cohecho, fraude en la contratación, negociación prohibida a funcionario y el blanqueo de capitales.

Anticorrupción ya presentó su escrito de calificación donde solicita penas muy elevadas para los miembros de la red delictiva. Para Sergio Blasco, por ejemplo, reclama 20 años de cárcel. Él participa en la comisión de todos los delitos, según la acusación. La multa asciende a 14 millones de euros.

Uno de sus hermanos, Francisco José, también acusado, se enfrenta a 14 años de prisión. Ambos son hijos de Francisco Blasco, el que fuera alcalde de Alzira y expresidente de la Diputación de Valencia. El resto de los procesados son empresarios que participaron en la operativa.

La trama, tal y como informó LAS PROVINCIAS, funcionó a tres niveles. Por un lado, las grandes mercantiles, Out-log, Conectall Systems y Mantenimiento Integrales Turia, empresas solventes y con experiencia en el sector sanitario. En una década (2005-2014) han facturado 33 millones de euros a la Conselleria de Sanidad.

El segundo grupo son microempresas, de dos o tres trabajadores. Logran facturación de las primeras firmas (600.000 euros) y, a veces, del propio centro hospitalario. «Todas ellas están dirigidas por personas vinculadas personal o laboralmente con Sergio Blasco», indicó en su momento el juez. Y finalmente, en el escalón más bajo, son sociedades que carecen de estructura, pero canalizan ingresos de los estadios superiores de la red.

El relato que mantiene el juzgado es que existió un acuerdo de voluntades de las personas próximas a Sergio Blasco como un «conjunto organizado de personas con diferentes funciones». También rechazó en su momento que el hecho de que los investigados no lleven un alto nivel de vida no excluye que tengan otros bienes o dinero «sin aflorar en los registros públicos».

Esta macrocausa comenzó en 2014. Las otras dos piezas de la investigación, entre las que figura el denominado caso Abucasis, el sistema de gestión de los expedientes sanitarios, se archivaron. Sólo prosperaron estas diligencias que ahora sentarán en el banquillo a los principales responsables.

La Fiscalía Anticorrupción, una vez concluida la instrucción, solicitó un tiempo extra para calificar los hechos, dada la magnitud del sumario. Ahora, el juzgado ha dictado la apertura de juicio, una resolución contra la que no cabe recurso. Está en el proceso de notificación a todas las partes, indicaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

Sigue siendo una incógnita el papel que ha jugado en esta pieza el Consorcio del Hospital General de Valencia. La Diputación aprobó que fuera este organismo el que se presentara tras descartar la propia Corporación ejercer la acusación popular. Pero, al parecer, no han acusado. De hecho, se desconoce si están personados.