Anticorrupción pide ahora el archivo de los sobrecostes en Ciegsa al estar prescrito el cohecho a Rus y Caturla

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez que investiga desde hace siete años los sobrecostes en Ciegsa que archive la causa. Por un lado, considera que de las diligencias practicadas no se ha podido acreditar con certeza qué dinero recibió el expresidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, o el máximo dirigente de la empresa pública, Máximo Caturla. 

Se trata de los dos principales investigados, junto al exgerente de Imelsa Marcos Benavent, presente en casi todas las piezas de la macrocausa. Uno de los arquitectos de Ciegsa Joan Vergara falleció recientemente por lo que su responsabilidad penal se extinguió.

Además, el informe del fiscal sostiene que como las acciones presuntamente delictivas se produjeron en los años 2005 y 2006, cuando el exgerente de Imelsa efectuó esas grabaciones a dirigentes del PP, los hechos estarían prescritos. Las conductas están recogidas en el Código Penal de 1995 que establecía una prescripción de tres años.

El ministerio fiscal, no obstante, sí da por acreditado que Rus, Caturla y Benavent en un «claro desprecio por la causa pública» cobraron dinero «en beneficio propio» de ciertas adjudicaciones de Ciegsa. «Pero no puede establecerse una perfecta correlación», admite. Alcanza esas conclusiones, fundamentalmente, en base a unos audios donde Benavent, Rus y Caturla, el trío principal de investigados, están contando dinero.

De igual modo, recuerda las grabaciones de Benavent a la exconcejal de Cultura María José Alcón -se suicidó durante la investigación del caso- en las que le decía «te traigo 9.000 euros» o de aquí «sólo nos pueden dar 2.000». Alcón era la mujer de Alfonso Grau, investigado también en otra pieza de este sumario y en el caso Azud.

La Fiscalía reconoce en ese mismo informe que tampoco ha podido acreditar qué personas y qué constructoras efectuaron los pagos a los dirigentes políticos a cambio de obtener las obras de los centros escolares.

Terminará de esta forma una investigación que comenzó hace siete años y donde se llegó a hablar de un sobrecoste de hasta 1.000 millones de euros, unas cifras que posteriormente se revelaron falsas por parte de diferentes informes oficiales. Finalmente, las pesquisas judiciales se concentraron en cuatro institutos o centros escolares donde tampoco se pudo demostrar un amaño evidente en los pliegos, según diferentes informes periciales.

Y eso pese a que los especialistas de la Guardia Civil alertaron en su día de que el proceso de contratación en Ciegsa estaba trufado de irregularidades: la agrupación de obras en lotes – se decidió adjudicar sólo a las empresas valencianas–, la admisión de ofertas al alza, la limitación de las bajas, el abuso del procedimiento negociado sin publicidad, el uso inadecuado de criterios de adjudicación o las modificaciones de los contratos.

La realidad es que la causa se encontraba en punto muerto y buena parte de esas irregularidades o no se han confirmado o no revisten importancia para continuar con el proceso penal. Hoy ha llegado la petición de archivo.

El juzgado de Instrucción 18 de Valencia investiga desde hace más de siete años la macrocausa de Imelsa. Sorprendentemente hoy aún están pendientes de recibir informes de algunas supuestas irregularidades, como la construcción de campos de fútbol de césped artificial. Es decir, aún existen investigaciones en marcha y otras en una fase embrionaria. Sólo se han cerrado tres piezas: la de Themática, ya con sentencia condenatoria; la de los 'zombis' cuyo juicio acaba de concluir y la del famoso amaño del call center. La vista de este proceso arranca en unas semanas.

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