Anticorrupción pide otros ocho años de cárcel para Rus por el amaño del call center

Anticorrupción sostiene que el PP por razones de clientelismo político utilizó la empresa pública de Imelsa para repartir favores y contentar a diferentes personalidades. En este caso, la investigación apunta al papel clave, siempre de manera indiciaria, que representó Mariano López, exsugero de Marcos Benavent y presidente en su día de los empresarios de La Costera. Existía un acuerdo previo para contentar a López con alguna adjudicación, según la acusación pública. El entonces familiar de Benavent se enfrenta a seis años de cárcel junto a Fernando Palomares, el empresario beneficiado con el call center y que posteriormente a través de facturación ficticia premió a López con generosas comisiones de cerca de 200.000 euros, según han acreditado los investigadores. Este empresario se enfrenta también a la misma pena.

El auto del TSJ también abre juicio para el que fuera gerente de Imelsa Marcos Benavent. Los delitos que se le atribuyen son prevaricación y malversación, también con carácter continuado. La Fiscalía pide cuatro años y medio de cárcel. Además, la causa se dirige contra otros cuatro acusados -bien como autores directos o como cooperadores necesarios- por delitos continuados de prevaricación, malversación, falsedad en documento oficial, falsedad en documento mercantil y/o blanqueo de capitales, así como contra la empresa Servimun SL como responsable civil subsidiaria.

Los hechos son muy llamativos. La empresa adjudicataria ganó el concurso, en parte, gracias a las mejoras que proponía respecto a los otros competidores. Pero estas promesas nunca se cumplieron y la mercantil no fue penalizada. Además, todos los gastos, como el alquiler de un local, fueron pagados por Imelsa. Por ejemplo, un informe de Divalterra ratifica el trato de favor que se dio a esta mercantil. No ampliaron el horario de trabajo en una hora, no atendieron los sábados tal y como prometieron ni contrataron a un ingeniero de comunicaciones que debía ser el encargado de dar el soporte técnico en caso de problemas. La ristra de irregularidades continúa con la no contratación de un community manager y el olvido de las campañas de divulgación que debían impulsar. Además, Imelsa abonó los gastos de material pese a que debían correr a cargo de Servimun.

La adjudicataria únicamente se hizo cargo de las nóminas del personal. El hijo de Mariano López fue el coordinador del servicio. Miles de llamadas quedaron sin atender, tal y como se explica en la causa. La persona que denunció el incumplimiento de este servicio, la exjefa de Recursos Humanos, María Escrihuela, fue apartada de este cometido y se le encargó a Ricardo Ángel Marí, jefe servicio de la Diputación, otro de los implicados en la macrocausa.