Anticorrupción recurre la sentencia que absuelve a Jorge Rodríguez y su equipo por la contratación de directivos

Anticorrupción mantiene su intención de que Jorge Rodríguez, expresidente de la Diputación de Valencia y su núcleo de colaboradores, reciban un reproche penal por la polémica contratación de directivos, todos afines al PSPV y Compromís, en la empresa pública Divalterra. Por este motivo, la Fiscalía ha recurrido la sentencia absolutoria que dictó recientemente la sección Primera de la Audiencia.

La acusación pública rechaza algunos argumentos de los magistrados que les llevaron a la conclusión de un fallo absolutorio. Será el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat el que deba analizar el recurso de la Fiscalía porque las diligencias judiciales son posteriores a 2015. En última instancia todavía quedaría el Tribunal Supremo para revocar la decisión judicial.

Desde el PP trasladaron en su momento que no barajaban recurrir la decisión. La sentencia, según su criterio, resulta suficientemente contundente y eran escasas las posibilidades de revocar una decisión que se considera suficientemente motivada. Además, el fallo de la sección Primera no imponía las costas ni al PP ni a la organización Acción Cívica, que ejerce la acusación popular en este asunto.

Y ese era otro punto a favor de ambos para conformarse con la decisión judicial. Una cuestión, la de las costas, que hubiera sido un revés económico importante tanto para el PP como para Acción Cívica. También existe una clave política. Los populares querían mejorar la relación política con Rodríguez de cara a esta legislatura. El partido Ens Uneix ha sido clave para la Diputación de Valencia.

Jorge Rodríguez fue recibido en su momento, tras la sentencia absolutoria, por una multitud en la localidad de Ontinyent, donde es alcalde. «El caso Alquería ha servido para crear mucho dolor y gasto público», dijo y, además, aseguró que lo que menos le preocupa es el daño político, sino el personal, «el mal irreparable por la gente y el prestigio perdidos por el camino, de la gente que nos ha dado la espalda».

De igual modo, lamentó que su expartido, el PSPV, además de haber sacado un comunicado felicitándose por la sentencia y proclamando su honorabilidad, «se hubiera disculpado por el tratamiento recibido y que nos diga que se equivocaron en ese momento». Al respecto, recordó que no se actuó igual que con otros imputados del partido. «Nos tiraron cuando aún ni siquiera se había abierto juicio oral».

La Audiencia resolvió que no había quedado acreditado que Divalterra resultase perjudicada económicamente por el nuevo modelo de gestión implantado en la empresa pública, sino que la nueva estructura de la sociedad «permitió ampliar significativamente su actividad sin que lo hiciera su presupuesto».

La sentencia refleja que no medió concurso público alguno para cubrir las direcciones de área y los contratos cuestionados así como que la selección de los contratados, sin perjuicio de la exigencia de formación y profesionalidad, «se hizo entre personas conocidas y afines ideológicamente con los partidos que habían alcanzado el llamado 'Pacto del Botánico'». Pero, sin embargo, no dio por probado que esa nueva estructura «obedeciera a la necesidad o voluntad de contratar a determinadas personas, como una forma de pagar favores o conceder prebendas».

• Temas
• Compromís
• Tribunal Supremo (TS)
• Diputación de Valencia
• Divalterra
• Partido Popular (PP)
• Jorge Rodríguez
• Ontinyent