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No sólo era posible sino también probable. La Audiencia de Valencia ha absuelto a los acusados del caso Alquería, una supuesta trama para colocar a personas afines al PSPV y Compromís como directivos en Divalterra, la nueva denominación de la empresa Imelsa, lastrada desde siempre por el estigma de la corrupción.
El expresidente de la Diputación, Jorge Rodríguez, así como su núcleo de colaboradores han sido exculpados de cualquier responsabilidad penal. El fallo, en realidad, no resulta una sorpresa. Y menos desde que a la presidenta del tribunal se le escapara un «lo sé y lo lamento» mientras un letrado denunciaba en su informe la vulneración de derechos fundamentales en toda esta causa.
La resolución, en definitiva, lleva a cuestionar también las pesquisas de la Fiscalía y de una particular instrucción por parte del titular de Instrucción 9 de Valencia. A la acusación contra el dirigente socialista se sumaron posteriormente el PP y Acción Cívica. Los indicios finalmente no llevaron a una condena.
Ni siquiera la contundente declaración de la perito de la Intervención General del Estado (IGAE), que detalló toda una serie de irregularidades en la contratación de los altos directivos. No hubo un expediente de contratación, ni informe de la necesidad de esas incorporaciones ni se explicó por escrito qué funciones iban a desempeñar en la empresa pública ni los requisitos para acceder. Tampoco se pasaron por el consejo de administración.
Parece poco probable que todo esto abra una puerta a un posible regreso de Rodríguez al PSPV pese al malestar que existe con la dirección de Blanquerías por el trato recibido. Hasta tal punto que formó su propio partido y revalidó la mayoría absoluta en Ontinyent.
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