Anticorrupción recurrirá la absolución de Rus en el call center

La Fiscalía no está de acuerdo con el contenido de ese fallo. Y tiene la intención de recurrir la sentencia ante el Tribunal Supremo, la última posibilidad de obtener un pronunciamiento favorable a sus intereses. Así se interpreta de la decisión que ha tomado al pedir a la Sala que suspenda los plazos hasta que el profesional se reincorpore a su puesto de trabajo.

El hecho de solicitar esa medida -la Sala lo ha acordado en una reciente providencia- ya evidencia la intención de la acusación pública. En caso contrario, simplemente hubiera dejado correr el tiempo.

La Sala aclara, además, que una vez se reactiven los plazos procesales se concederá el mismo tiempo a las defensas para que impugnen el recurso de la Fiscalía. El fallo de la Audiencia -y más con la contundencia que recoge la resolución- ha dado alas a las defensas para obtener más pronunciamientos de esta naturaleza.

De hecho, el tribunal ya adelanta -en un asunto que en realidad no le corresponde- que la documentación que se utilizará como prueba en otra pieza de la macrocausa de Imelsa, la de los contratos obtenidos por el suegro de Marcos Benavent en Requena y Enguera, no avala la tesis de la acusación.

Alfonso Rus se ha enfrentado ya a dos juicios. En el del call center ha sido absuelto. No había prueba de que diera órdenes o insinuaciones acerca de que el contrato del centro de atención telefónica de la Diputación se adjudicara a la empresa bajo sospecha, según el tribunal.

Pero no es la única preocupación judicial que el expresidente de la Diputación arrastra en estos momentos. El exdirigente se encuentra pendiente de la sentencia de la sección Segunda por otro delicado asunto, la contratación de personal en Imelsa que no acudía a trabajar, los denominados zombies.

Este fallo no solo resulta importante por una eventual condena a los autores del supuesto fraude sino por la resolución de las cuestiones previas que se plantearon en el juicio, en concreto, todo el enredo del inicio de la investigación con el acceso por parte del suegro de Benavent a un disco duro que era propiedad del gerente de Imelsa, pero también por el registro del despacho de quien fue su primer abogado.

Una resolución, en un sentido u en otro, puede tener consecuencias en otro sumario de corrupción, el caso Erial, con Eduardo Zaplana y José Luis Olivas, como principales acusados. Este caso nace de una documentación hallada en el citado despacho. Estos papeles habían sido entregados por un ciudadano sirio, supuestamente confidente policial, a Marcos Benavent, quien los custodió hasta que la UCO los requisó y comenzó su investigación sobre la fortuna oculta del expresidente.