Antifraude afea al Consell que le ignore a la hora de combatir la opacidad y la corrupción

Sin levantar la voz ni utilizar palabras gruesas, con su tono tranquilo y hasta plomizo, Llinares, se quejó ayer en Les Corts del modo en que las consellerias con competencias en materia de transparencia y vigilancia de la corrupción y malas prácticas administrativas (fundamentalmente la de Transparencia que dirige Rosa Pérez Garijo, y la de Justicia en manos de Gabriela Bravo) dan de lado a la agencia que él lidera. Según explicó Llinares, la colaboración de este organismo autonómico con entes nacionales e internacionales es mayor que con algunos organismos de la Generalitat. En este mismo sentido, lamentó la nula colaboración con el Botánico a la hora de plantear la nueva ley de transparencia, y recordó que cuando la conselleria estaba en manos de Manuel Alcaraz (Compromís) la colaboración era mayor que ahora que los tres partidos del Botánico presentaron una proposición de ley que adolece, según Llinares, de lagunas. El director de la agencia reivindicó la labor del organismo que lidera con la misma intensidad con la que denunció el modo en que el Consell le ningunea, a pesar de contar con un presupuesto público de 4,4 millones de euros para este año.

«Tenemos mejor relación con los organismos del Estado que con algunos entes de la Generalitat. Nos hace consultas la Comisión de Codificación del Ministerio de Justicia, que trabaja en la transposición de la directiva europea para la protección de los denunciantes de corrupción. Desde el Estado, el Gobierno central, un ministerio pide a la Agencia Antifraude que dé su opinión y un informe, y nosotros lo hacemos. Eso lo echamos de menos aquí, en nuestro territorio y en nuestro ambiente. Estamos colaborando con los servicios de coordinación de casos de antifraude a nivel estatal, de la Inspección General de Servicios (IGS) , o con la OLAF, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude... no sé, no tendríamos que tener dificultades para colaborar con los organismos que tienen competencias similares en nuestro territorio», indicó Llinares.

Los diputados del Botánico no se atrevieron a replicarle. Los parlamentarios más duchos en la materia de la transparencia y el control de la Administración saben, por ejemplo, que la IGS valenciana lleva más de medio año sin difundir ni una palabra de su actividad ordinaria o extraordinaria. Seis meses. Ya es casualidad, pero es el tiempo que lleva al frente de este departamento Javier Cuenca, el experto en derecho administrativo de la esfera socialista que la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, colocó en la jefatura del servicio de inspectores. Durante la anterior legislatura, la IGS dependía de Transparencia, o sea, de Compromís, y ejerció una labor de policía interna que tras pasar a depender de Justicia (algo que el PSPV en la negociación para pactar el actual Consell, un traspaso al que se resistió Compromís pero que contó con la connivencia de Pérez Garijo, la líder de EU que entró en 2019 en el Gobierno del Botánico) ha quedado prácticamente enmudecida.

El director de la Agencia Antifraude (que compareció en Les Corts para dar su opinión sobre la nueva ley de transparencia que elaboró la conselleria que dirige Pérez Garijo pero que se presentó a través del tripartito en Les Corts para agilizar su tramitación), explicó que «nos hubiera gustado tener el texto cuando era un borrador porque nuestras sugerencias se hubieran realizado en un contexto menos limitado. En 2018, hubo una interrelación con el consellera Alcaraz y tuvimos la oportunidad de participar. Se hubiera agradecido, por la armonización de las leyes, haber trabajado antes y con más calma». En total, Llinares no pudo hablar más que un cuarto de hora. Fue breve pero intenso. En varias ocasiones reseñó el poco caso que el Consell le hace al organismo que dirige, y fundamenta el reproche, precisamente, recordando que los planes de mejora del funcionamiento de la Administración que elabora el Estado, e incluso los estudios que realizan los ministerios del Gobierno central, cuentan más con la Agencia Antifraude que el propio Ejecutivo valenciano. "En la nueva ley no se articula la Agencia para activar los mecanismos de integridad pública. El Estado sí nos reconoce y eso debería tenerse en cuenta", subrayó.

Para Llinares, la ley presenta algunas lagunas en materia de buen gobierno e integridad pública. El responsable de la agencia considera que el futuro texto legal confeccionado por el Botánico no profundiza en los problemas que generan los conflictos de intereses en la contratación o en la toma de decisiones de la Administración. «Esos conflictos son la antesala de la corrupción», advirtió Llinares, quien también alertó de la que ley está «coja» por no contemplar sanciones frente a los incumplimientos de los códigos éticos, no articula mecanismos para que los nombramientos de políticos contaminen la neutralidad de órganos de asesoría y control, ni incide en obligar al Consell a evaluar su actividad: «Si lo que se ha hecho es lo que se pretendía, si los resultados son proporcionales a los costos...».

"En normas sobre buen gobierno habría que hablar de cosas como la limitación de mandatos o la neutralidad de órganos de asesoría y control, porque no se puede pasar de estar un día en la política y luego ser designado para dirigir otras instituciones que fundamentan su existencia en la imparcialidad", recalcó Llinares, un duro examinador que no le pone precisamente buena nota a la nueva ley de transparencia ni al Consell que la respalda.