Antifraude concluye que la secretaria autonómica de Marzà pagó dos millones sin contrato en una residencia cuando era alcaldesa

La Agencia Valenciana Antifraude ha publicado la resolución final sobre una investigación realizada por el pago de facturas injustificadas por parte del Ayuntamiento de Sueca a varias empresas que prestan servicios en la Residencia Sant Josep de Gent Major.

La investigación se inició a partir de una denuncia presentada en la AVAF en diciembre de 2018 contra la alcaldesa de Sueca por un «presunto delito de prevaricación» derivado del pago de facturas a varias empresas que prestan servicios en la residencia de la tercera edad. En aquel entonces, la máxima responsable municipal era Raquel Tamarit, hoy secretaria autonómica de la Conselleria de Educación, dirigida por Vicent Marzà.

En total se habrían abonado 69 facturas a las empresas Eulen, Clínia Geriátrica el Castillo, El Castillo Atención, La Dependencia y Neserem S.L por un importe de 2.068.000 euros al margen de cualquier procedimiento de contratación. Todas estas facturas recibieron el informe desfavorable de la intervención municipal hasta en 26 ocasiones en donde se advertía de la ilegalidad de los hechos.

La aprobación de las facturas se hacía mediante resolución de la alcaldía o de la junta de gobierno local resolviendo la discrepancia de la intervención y aprobando la relación de facturas a través del reconocimiento extrajudicial de crédito. Así mismo, durante la investigación se ha detectado la posible existencia de 287 facturas que habrían sido liquidadas siguiendo el mismo procedimiento.

La Agencia Valenciana Antifraude en su informe insta al Organismo Autónomo de la Residencia de personas mayores San José de Sueca y al Ayuntamiento de Sueca a la revisión de oficio de los actos incursos en causa de nulidad de pleno derecho ya que esta actuación contraria a derecho podría haber ocasionado un resultado lesivo para sus intereses.