Antifraude avisa de que el descontrol de contratos se ha «normalizado»

En escenarios de emergencia aumenta la opacidad, la falta de transparencia y los riesgos que propician posibles corruptelas. Así lo alertan todas las organizaciones no gubernamentales sobre transparencia, y así lo hace suyo en su memoria de actividad del año 2020 la Agencia Antifraude de la Comunitat. Su director, Joan Llinares, avisó ayer durante su presentación en Les Corts de que hay conductas que se repiten de manera constante en las administraciones públicas que «vulneran normas y producen daños económicos». Así se refirió a las numerosas irregularidades en la contratación pública de las que Antifraude ha sido avisado o ha destapado tras el estudio de numerosa documentación. Pagos de facturas sin contrato, prórroga indefinida que a veces dura años, prórrogas forzadas por empresas que acaban convirtiendo en «cautiva» a la administración, o abuso de los contratos de emergencia, ha dicho Llinares. «Unas administraciones las corrigen, otras se siguen resistiendo», explicó.

Y es que la pandemia no ha hecho sino acrecentar ese modus operandi, con la urgente necesidad de ir tramitando acuerdos por emergencia que den respuesta a necesidades sanitarias o sociales. Antifraude destaca en un apartado de su memoria sobre la necesidad de mecanismos de prevención e integridad en la gestión pública del coronavirus que las medidas que en un inicio fueron «excepcionales» por la pandemia han acabado «normalizándose». Es decir, la agencia afea que la Generalitat haya seguido echando mano de los contratos de emergencia, con menores controles y transparencia, incluso cuando se trata de obras y servicios que deberían estar planificados.

Las administraciones han puesto en juego elevadas cantidades de fondos públicos a repartir vía subvenciones y ayudas a personas y colectivos mediante esta vía. La Generalitat incluso cambió la ley de contratos a través de la ley de acompañamiento a los presupuestos de 2021 para extender este tipo de contratación a todas las actuaciones derivadas de la recuperación de la crisis. Desde Antifraude han «comprobado cómo las citadas medidas que inicialmente se adoptaron por emergencia de una situación sobrevenida, se han normalizado e incluso incrementado», aunque para ello hayan «dejado aparcados algunos de los principios que deben garantizar el servicio público a los intereses generales de legalidad, eficacia y eficiencia».

Para Antifraude, el mantenimiento prolongado de las contrataciones de emergencia «ha generalizado adjudicaciones directas más allá de lo estrictamente requerido en el estado de necesidad colectiva», a menudo incluso pagando precios muy superiores a los de mercado, al no existir concurrencia competitiva, por ejemplo. El departamento de Llinares propone que las administraciones se doten de mecanismos de prevención e integridad pública que les permitan gestionar crisis «minimizando los riesgos de corrupción y de detraer recursos públicos de su destino».

De hecho, Antifraude no es la única institución en avisar de esta situación. El Síndic Major ya reveló incumplimientos en la contratación de emergencia, durante su última comparecencia en Les Corts. Y es que en 2019, el último año auditado antes del coronavirus, la Generalitat «no cumplía los requisitos especiales» para numerosos contratos por urgencia o emergencia. «Me refiero a 2019.. En «2020 habrá más casos, pero también en los que esté bien considerado que sea de esta manera«, llegó a decir el auditor.

El informe de la Sindicatura ya avisaba el año pasado de que había habido un aumento de la importancia relativa de la tramitación de emergencia, que pasó del 1,4% al 6,4% del total. Se tramitaron 90 contratos por un importe conjunto de 26,1 millones de euros, con la Conselleria de Sanidad como el área que más hizo uso de este tipo de contratos, con 47 de esos 90 expedientes, mientras que el mayor importe tramitado deemergencia fue contratado por la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas.