Antifraude pide que el Consell le pague lo que le debe antes de devolver sus ahorros

Así, en una carta fechada el pasado tres de agosto, Llinares hace balance de las cantidades que el Consell no ha entregado al organismo, para ajustar el balance de lo que debe devolver y que el Consell ya ha reclamado a todos los organismos, tanto los estatutarios, como los del sector público empresarial. En la misiva, el director de la oficina pide al Ejecutivo que le indique cómo proceder al reintegro de las transferencias no aplicadas, los famosos 'ahorrillos' o remanentes, pero siempre y cuando proceda «la oportuna compensación con las transferencias devengadas pero no abonadas» que la institución dice no haber recibido.

Es decir, Antifraude está dispuesta a devolver el dinero que no ha gastado desde 2018, pero siempre y cuando el Consell haga bien las cuentas y le reste los importes de las transferencias que no le ha realizado en este tiempo. Llinares recuerda en su escrito que la Agencia requiere de habilitación legal que las leyes de presupuestos sí prevén para los órganos estatutarios como las propias Corts, la Sindicatura de Comptes o el Consell Jurídic Consultiu. Tampoco forma parte del sector público empresarial de la Generalitat, sino que cuelga directamente del Parlamento valenciano, por lo que desde la Agencia se consideran en una especie de limbo legal que provoca una «laguna normativa» que dicen, ha hecho que «no se haya podido proceder al reintegro de las transferencias no aplicadas entre 2018 y 2020. Una suma que asciende a 3,7 millones de euros, pero que Antifraude rebaja a 871.019 euros porque considera que la Generalitat le debe aún dinero de anteriores ejercicios.

En concreto, a 30 de junio de 2021, según Antifraude se encontraban pendientes de cobro 704.608 euros procedentes del año anterior y la mitad de los fondos correspondientes a 2021, por importe de 2,2 millones de euros. Así, según sus cálculos, la Agencia está dispuesta a reintegrar a las arcas públicas 871.019 euros, que son los que se corresponden de la resta del total que le reclaman por los remanentes de tres años y los fondos que el Consell les adeuda.

La Cámara, en el informe de control financiero que hace a la oficina, deja el rastro del tiempo que lleva peleando con el organismo para que finalmente devuelva los remanentes a las arcas de la Generalitat, tal y como hace la propia institución parlamentaria así como es la obligación de todos los entes dependientes del Gobierno valenciano desde que durante la crisis pasada se adoptasen medidas con el fin de controlar el gasto.

Les Corts, en su informe, llama la atención sobre los remanentes de crédito desde 2018, por no estar sometidos a ninguna obligación de gasto. El Parlamento determina « que la totalidad de su remanente de tesorería deba ser liquidado o devuelto al Consell». Sin embargo, desde Antifraude dan otras cifras. Alguien tendrá que poner orden en este embrollo legal y económico.