A la caza y captura de la rica subvención

El director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano, se sentará en el banquillo de los acusados por un delito de falsedad documental. El cargo de Compromís de la conselleria de Educación es la persona clave en la investigación abierta a Francis Puig, hermano del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y a sus socios, los hermanos Adell Bover, por las ayudas públicas recibidas para el fomento del valenciano. Trenzano se arriesga incluso a perder su puesto de funcionario por la falta de celo en la supervisión de la justificación

Desde la llegada del Botánico a la Generalitat, el reparto de subvenciones ha sido un modus operandi para repartir numerosas ayudas entre colectivos afines. Cantidades pequeña o medianas pero que juntas suman cientos de miles de euros. Uno de los mejores ejemplos de este caso es Acicom (Associació Ciutadania i Comunicació), un colectivo que trabaja para que los ciudadanos reciban una comunicación de calidad. Acicom está liderada por José Ignacio Pastor, exjefe de Transparencia del alcalde de Valencia, Joan Ribó, y excargo del PSPV. Desde 2017, Acicom ha recibido 39 subvenciones de la Generalitat, el Ayuntamiento de Valencia, la Diputación y el Estado.

La última aportación para el colectivo de Pastor es un crédito ICO de 48.000 euros del Ministerio de Asuntos Económicos para hacer frente a la situación pandémica. Hasta ese momento, Acicom había recibido a través de pequeñas aportaciones más de 312.000 euros de dinero público -273.000 de la Generalitat-.

Ahora, el Ayuntamiento reclama a esta asociación la devolución de 4.000 euros más intereses por una de las últimas subvenciones recibidas. El colectivo de Pastor recibió una ayuda para el proyecto 'Diagnóstico y apoyo a la ciudadanía conformada por personas mayores del colectivo LGTBI', que no ha cumplido. El servicio de Igualdad del Consistorio tuvo que insistir durante meses para tratar de lograr alguna justificación del proyecto, garantía que no recibió, por lo que concluyó que no se iba a ejecutar. Ciudadanos ha pedido una auditoría de todas las ayudas concedidas a esta formación.

Las empresas que forman el cártel de las productoras -Francis Puig y los hermanos Adell Bover- han sido sancionadas por Competencia con 43.000 euros por pactar precios. Además, hay una consulta al área de contratación del Estado sobre si se les prohibe contratar.

A pesar de las irregularidades, tanto por acordar precios como por la justificación de las ayudas públicas recibidas, siguen a la caza de subvenciones.

Francis Puig, hermano del presidente de la Generalitat, lo ha intentado con una nueva línea de ayuda de la conselleria de Economía para mejorar la competitividad y las pymes industriales de la Comunitat Valenciana.

En esta ocasión, Comunicacions dels Ports no ha resultado beneficiaria tras no superar el proceso de evaluación. La misma suerte ha corrido la productora Proyecto Polaris, otra de las firma asociadas a los hermanos Adell Bover.

En cambio, la firma Kriol, también de los Adell Bover, sí que ha recibido dos líneas ICO de 48.000 y 40.000 euros, respectivamente, para hacer frente a la pandemia. Kriol es una de las firmas que está bajo la lupa al ser una de las beneficiarias de las subvenciones que están bajo sospecha. Ha recibido en los últimos años más de 54.000 euros para el fomento del valenciano y más de 46.000 para la contratación de personal.

La maraña de empresas de los Adell Bover se completa con Canal Maestrat, que ha ingresado más de 240.000 euros en ayudas públicas directas de distintas administraciones, y con TV CS Retransmisions, con 64.533 desde la entrada de los empresarios de Vinaròs. En total, la familia Adell Bover ha ingresado, antes de la línea de crédito ICO, más de 400.000 euros en ayudas.

Las empresas de Francis Puig, por su parte, sólo en subvenciones se han repartido desde 2017 casi 760.000 euros -un dinero que ha llegado desde la Comunitat Valenciana, Cataluña y Aragón-. Comunicacions dels Ports, la empresa matriz del hermano del jefe del Consell, es la que más dinero ha ingresado con casi 587.000 euros. De hecho, parte de esas aportaciones son fruto ahora de una investigación judicial, en la que está implicado Trenzano, para ver si realmente se realizaron los trabajos subvencionados. El resto han ido a nombre de Mas Mut, otra de las productoras sancionadas por Competencia, y Lamp Telecom, la última de las sociedades creadas por Francis Puig y que le permite esquivar una posible sanción.

Plataforma per la Llengua ha recibido de la Generalitat casi 270.000 euros. Una asociación que se presenta como la ONG del català y que entre sus máximas está la reciprocidad para la emisión de televisiones de otros territorios como Cataluña y Baleares. Desde Plataforma actúan de acusadores públicos de funcionarios e instituciones que no usan el valenciano y organizan eventos y conferencias con políticos de los partidos que componen el Botánico. El martes 30 de junio, bajo el nombre de Reciprocitat, dieron cancha a Joan Baldoví (Compromís), Marta Rosique (Esquerra), Pilar Calvo (Junts), Vicent Sarrià (PSPV), Marisa Saavedra (Unides-Podem) y Albert Botran (CUP).

El paradigma de las subvenciones públicas lo representa Acció Cultural del País Valencià, la entidad liderada históricamente por Eliseu Climent, que desde 2017 se ha repartido más de 550.000 euros. Aportaciones recibidas desde la Generalitat, la Diputación de Valencia y ayuntamientos como el de Valencia, Ontinyent y Alcoy. ACPV ha vivido en los últimos lustros de las ingentes aportaciones públicas que han llegado periódicamente desde Cataluña y la Comunitat Valenciana.